Madrid, 4 oct (EFECOM).- CCOO y UGT consideran que los empresarios son los máximos responsables en materia de prevención de riesgos laborales ya que todo contrato implica una "clara situación de subordinación" por parte de los trabajadores.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, respondieron así a las declaraciones que hizo ayer el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán durante su intervención en las jornadas sobre Estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo organizada por la Caixa y el Consejo General del Poder Judicial.
Durante su intervención hoy en las mismas jornadas, Méndez dijo que, a diferencia de los accidentes de tráfico, en el caso de los laborales "no se puede establecer una especie de presunto equilibrio" cuando hay una relación de "subordinación clara" por parte del trabajador.
Méndez rebatía así la opinión de Díaz Ferrán quien dijo ayer que la responsabilidad de los accidentes laborales es también de los trabajadores y, además, afirmó que el 25 por ciento de accidentes acaecidos durante la jornada laboral son de tráfico "y su solución se proyecta sobre la seguridad vial".
Según Méndez, las empresas "no quieren compartir ni delegar" la responsabilidad en la organización del trabajo y recordó que la Ley de prevención de riesgos laborales marca las obligaciones de los trabajadores.
En este caso, dijo, "el orden de los factores sí altera el valor del producto" ya que la condición previa para que los subordinados respeten las normas, es que el empresario cumpla la obligación de "informar, formar y dotar de medios a los trabajadores".
En cualquier caso, tanto Méndez como Fidalgo valoraron la presencia de Díaz Ferrán en estas jornadas a las que, según dijeron, nunca había asistido un presidente de la patronal.
Fidalgo agradeció "la franqueza" con que Díaz Ferrán expresó las opiniones del empresariado, que son "controvertidas" pero que deben ser expuestas ante el "veredicto" de la opinión pública.
El secretario general de CCOO recordó que, a pesar de que se ha avanzado mucho en materia de prevención de riesgos y disminución de siniestralidad laboral, España todavía presenta un índice de mortalidad un 30 por ciento más alto que la media de la Unión Europea de los quince.
Ambos representantes sindicales coincidieron en subrayar que, además de la siniestralidad, se debe tener más en cuenta la salud laboral y que las administraciones públicas competentes deben controlar e inspeccionar que se cumpla la normativa en esta materia.
En este sentido, manifestaron que el movimiento sindical también debe implicarse, pero "no es suficiente" ya que no se trata de un cuerpo de "policías laborales".
Reivindicaron la valoración económica, así como "la revisión" de la actividad de los inspectores de trabajo, y subrayaron la "incidencia macroeconómica" de la inspección, que, según afirmó Méndez, es equiparable a la de la Agencia Tributaria.
Recordaron que los accidentes laborales, además del valor "incalculable" de la pérdida de vidas cuando son mortales, suponen un coste económico notable, que equivale al 1,57 por ciento del PIB, superior, dijeron, a la previsión de superávit publico para 2007, que se sitúa en el 1,3 por ciento.
Si a esta cifra se une el valor de las horas perdidas, costes de atención, impacto en las jubilaciones anticipadas, empobrecimiento de los hogares o el absentismo laboral, entre otros factores, el gasto podría suponer el 4 por ciento del PIB. EFECOM
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