MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El principal comercial y administrador de la sociedad captadora de clientes de Gescartera Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal Sardón, explicó a preguntas de su abogado defensor que él y su familia invirtieron directamente o a través de varias sociedades de su propiedad hasta 2,2 millones de euros en Gescartera desde 1998 hasta 2001. Confió "total y absolutamente" en Gescartera desde su incoporación a la plantilla de la entidad en 1996, afirmó.
El acusado explicó que de su inversión personal declaró a Hacienda 1,02 millones de euros y cobró 370.000 euros en intereses derivados. Según explicó, Gescartera aún le debe un millón de euros de sus depósitos.
Sardón explicó que estas cifras parten de su documentación personal, y que posteriormente fueron confirmadas por los datos reflejados en el informe pericial incluido en la causa procedentes de la Agencia Tributaria y del Banco de España.
"En los informes policiales se dice que mi familia no invirtió nada", declaró, además de matizar que "treinta amigos" también invirtieron su dinero en Gescartera a través de él. Sardón explicó que las tablas que reflejan los "supuestos" de rentabilidad futura a los clientes se hacían sobre una base de renta fija. Para la Fiscalía, estas tablas de cuentas reflejan las comisiones que cobraban Antonio Camacho y Sardón de las inverisones de los clientes.
Según explicó el comercial de Gescartera, estas tablas son "hojas de cálculo" que él ordenó elaborar con la intención de demostrar ante Camacho que la comercial AGP tenía rentabilidad en contra de la opinión de personas "relevantes" en la agencia de valores. Asimismo, el acusado afirmó que era Gescartera la que fijaba los intereses aplicados a las inversiones y la que gestionaba la devolución de la rentabilidad y los intereses a los clientes.
Sardón explicó que como comercial de Gescartera ofrecía los productos a los clientes mencionando que la agencia de valores estaba inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Creer en las instituciones es lo más importante para un país", afirmó. AGP estaba dada de alta en la CNMV como comercial de Gescartera y "nunca" hubo conflicto de competencias entre los comerciales de las dos entidades.
El interrogatorio de Sardón finalizó con las preguntas de la presidenta del tribunal, Carmen González Pastor. El acusado explicó que si un cliente contratado por AGP quería conocer el estado de su inversión tenía que dirigirse "directamente" a Gescartera, y en caso de que quisiera retirar los intereses AGP elaboraba una carta que remitía a la agencia de valores. Posteriormente, Gescartera elaboraba un talón nominativo que se remitía a AGP y allí se entregaba al cliente. "La devolución de rentablidad funcionó bien hasta la intervención", concluyó el acusado.
La Fiscalía pide para él once años de prisión por presuntos delitos de apropiación indebida y fraude documental por el escándalo financiero descubierto en 2001 que afectó a 4.000 inversores por un desajuste patrimonial que alcanzó los 52 millones de euros.