BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
Sergio Gago es desde este lunes el encargado de pilotar en solitario Agrupació Mútua, después de que Pere Galí haya dejado el cargo de responsable de participadas de la entidad para crear un negocio propio, han informado a Europa Press fuentes de la aseguradora.
Agrupació Mútua quedó en manos de los abogados Sergio Gago y Jacint Boixasa como administradores independientes cuando fue intervenida en octubre de 2009 por irregularidades en la gestión, y estos ficharon a Pere Galí como responsable del plan de desinversión en participadas para centrar la actividad en el negocio asegurador.
Un año y tres meses después, y con "buena parte de los objetivos" marcados entonces conseguidos, solo queda Gago, ya que Boixasa dejó Agrupació Mútua en marzo --después de que la Dirección General de Seguros considerase que tras seis meses era suficiente un solo administrador--, y Galí acabó el viernes.
Galí es experto en asesoría empresarial y ya diseñó el plan de viabilidad 2009-2012 de Agrupació Mútua, anterior a la intervención.
Tras 15 meses reorganizando las participadas de la mutua, abrirá un despacho para asesorar a empresas en desinversiones y en crecimiento, y para ayudar a emprendedores a encontrar financiación.
Mientras Galí inicia ahora un proyecto privado, Jacint Boixasa acaba de volver a la administración pública, porque el que ya fue director general de Seguros de la Generalitat de Catalunya en la anterior etapa de gobierno de CiU, ahora ha sido nombrado director general de Patrimonio.
DESINVERSIONES PENDIENTES
La mutua ha destacado que desde la intervención, la entidad "ha realizado la mayoría de desinversiones previstas y ha marcado la estrategia de acción que permitirá poner en valor los activos inmobiliarios en los próximos meses".
Con todo, quedan operaciones pendientes de firmar porque falta la autorización de las administraciones, como es la desinversión del 25% en Bankpyme y la venta del servicio de ambulancias Transport Sanitari de Catalunya (TSC).
Asimismo, Agrupació Mútua está tramitando la solicitud de un préstamo de cinco millones de euros al Institut Català de Finances (ICF), dependiente de la Generalitat.