MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Madrid ha dado instrucciones al fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid de solicitar a su titular la declaración de los controladores aéreos que abandonaron su servicio los pasados 3 y 4 de diciembre una vez que se separen las denuncias penales presentadas de las reclamaciones civiles.
Fuentes fiscales han indicado a Europa Press que el proceso penal sigue en marcha, si bien se está a la espera de que se separen las denuncias para acumularlas en un mismo procedimiento. Así, se procederá a la declaración de los controladores por un delito de sedición.
Hasta ahora, los controladores no han querido prestar declaración hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo.
Los controladores no reconocían la competencia del fiscal para interrogarles, puesto que entienden que se les debe tomar declaración bajo la jurisdicción militar desde el momento que pasaron a ser movilizados por la declaración del estado de alarma.
Las investigaciones están encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar.
El delito de sedición está castigado con penas de entre ocho y diez años de prisión, según el artículo 545 del Código Penal, para los que hubieren "inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores", y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
En el caso de que los imputados no sean los instigadores, "se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años", según precisa el segundo punto del artículo 545 del Código.
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