En un momento de intensas negociaciones con partidos políticos y agentes sociales, el ministro de Trabajo español, Valeriano Gómez, se mostró el martes confiado en un gran pacto de Estado para impulsar unas reformas imprescindibles para el futuro del país.
En una entrevista con Reuters, el titular de Trabajo dijo incluso que la esperada reforma del sistema de pensiones que se presentará en dos semanas podría contar con el apoyo del principal partido de la oposición, el Partido Popular.
"Espero que sea una reforma que logre un grado de aceptación cercano al absoluto... que incluya incluso al principal partido de la oposición", dijo Gómez.
"Ha habido contactos (con el PP) y creo que hay un grado de aproximación importante. A estas alturas, puede ser posible que el PP se comprometa con el Gobierno", añadió.
Los principales grupos parlamentarios, representados en la Comisión del Pacto de Toledo, aprobaron a finales de año un borrador de la reforma de las pensiones aunque eludieron expresamente el asunto que más discordia ha creado, relativo a elevar en dos años la edad mínima de jubilación, a los 67 años.
Excepciones a la ampliación de la edad de jubilación
En este sentido, tras dejar claro que la reforma de pensiones es similar a la realizada en otros países europeos, Gómez dijo que había numerosas excepciones a esta norma, por lo que el coste social sería menor.
El ministro explicó que aquellos cotizantes que tengan una carrera de al menos 41 años podrán seguir jubilándose a los 65 años.
"Estos son aproximadamente la mitad del conjunto de los afiliados que hoy se jubilan", dijo.
"El Gobierno entiende que con este conjunto de acuerdos (...) es perfectamente posible forjar un amplio acuerdo parlamentario el 25 de enero que permita que la reforma tenga un nivel de respaldo en el Parlamento y en el conjunto de la sociedad suficiente dada la ambición de la reforma".
Además, diversos colectivos de trabajadores serán excluidos de la norma (de los 67 años), como profesiones al aire libre y otras por especificar.
Pero lejos de considerar que estas excepciones podrían decepcionar a los exigentes mercados e instituciones internacionales, el ministro recordó que la reforma incluía una ampliación del cálculo de la base de cotización en diez años y dijo que la reforma es "plenamente consistente en cuanto a ambición y sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo".
Negociación colectiva y EREs
El pacto de Estado al que se refirió el ministro bascula sobre tres grandes ejes: reforma de pensiones, reforma laboral, y reforma de la negociación colectiva.
"Además, se ha planteado la expansión de este acuerdo a otros ámbitos: política industrial, energética, incluso ciencia e innovación, es decir que hay también otros ámbitos donde en estos días completaremos el conjunto del acuerdo, no sólo centrado en el ámbito laboral", dijo el ministro.
En cuanto a la negociación colectiva, cuya reforma ha sido repetidamente exigida por el Banco de España y numerosos economistas que la consideran un lastre para la adaptación rápida a condiciones cambiantes de mercado, Gómez se mostró optimista de cara a un acuerdo satisfactorio entre sindicatos y empresarios que no necesariamente precisaría la intervención del Gobierno.
"Si concluyen el acuerdo bilateral respetando el calendario (el 18 de marzo, un nuevo proyecto de Ley) el Gobierno respetará sus conclusiones", dijo Gómez, aunque añadió que la reforma debería "dar respuesta a los principales defectos que tiene la negociación colectiva en España en cuanto a la adaptación de las empresas al marco laboral específico en una situación de crisis como la que vivimos en este momento".
Con respecto a la reglamentación de los expedientes de regulación de empleo, Gómez rechazó las acusaciones de que se estaba suavizando la norma de despidos más baratos y señaló que simplemente se estaban concretando regulaciones de empleo en situaciones económicas adversas por primera vez.
"El nuevo reglamento no suaviza condiciones previas, es que no había condiciones previas definidas en un reglamento".
En la senda de creación de empleo
Con una tasa de paro cercana al 20%, España ocupa un puesto muy alejado de una media europea que ronda el 10%, en gran parte por el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando el sector constructor llegó a concentrar el 13% del empleo del país.
El ministro da casi por concluida la destrucción de empleo en construcción y espera que la incipiente recuperación económica y la redistribución del empleo hacia otros sectores productivos comience a solventar el que es considerado el principal problema económico del país.
"Esperamos que durante 2011 ya se culmine el ajuste en construcción, que prácticamente ya ha concluido. En construcción ya se han perdido 1,25 millones de empleos y las suministradoras ya han perdido casi 450.000 empleos. En realidad, la crisis del empleo español es del sector de la construcción y su industria auxiliar, prácticamente los dos millones de empleos (destruidos) se deben fundamentalmente a estos dos ámbitos".
Dicho esto, Gómez mantuvo la previsión del gobierno de que en el segundo semestre de 2011 se empiece a crear empleo neto.
"La previsión establece que a lo largo de la segunda parte del año empezaremos a crear empleo neto, todavía de forma lenta, en torno a los 40.000/50.000 nuevos empleos en la segunda parte del año (...) En 2012 la creación de empleo empezará a tener una tasa mucho más alta", dijo.
Recuperar niveles de crecimiento
Las proyecciones presupuestarias del gobierno apuntan a una contracción económica del 0,3% del PIB en 2010 con una caída del empleo del 2,2% en el conjunto del año y a un crecimiento económico del 1,3% en 2011 con un aumento del empleo del orden del 0,3%.
"Para reducir sustancialmente el desempleo sólo podemos hacerlo cuando recuperemos niveles de crecimiento del empleo de 300.000 al año y esto no será posible hacerlo antes de 2012 ó 2013 y yo creo que es para cuando hay que situarlo, cuando el PIB esté creciendo a tasas superiores al dos por ciento", admitió.
En este sentido, dijo que el Gobierno va a seguir tomando medidas para reciclar y formar a los parados -muchos de ellos con bajos niveles de estudios por el boom constructor- con el objeto de reincorporarlos a otros sectores, con particular incidencia en la industria exportadora, que en su opinión será el principal motor futuro del empleo.
"El futuro tiene que venir de la mano de la recomposición de la industria exportadora, que está avanzando a pasos muy significativos... En exportaciones de bienes y servicios somos uno de los pocos países europeos que no ha perdido cuota", dijo.
Añadió que, aunque el sector servicios ha destruido empleo, se está empezando a ver una recuperación en el vital segmento del turismo -España es el segundo destino turístico mundial-.
Además, dijo que los nuevos criterios de eficiencia energética y rehabilitación podrían dar empleo a algunos de los que durante años disfrutaron de una industria constructora con sobreempleo y salarios muy elevados.
No habrá más reformas en las prestaciones de desempleo
A la vista del escaso éxito de la mejora en la temporalidad del empleo desde la instauración de la reforma laboral a mediados del año pasado, el ministro dijo que en las condiciones actuales era lógica la contratación temporal, pero que la reforma ha de permitir que "una vez que lo peor de la crisis pase, se creen las condiciones para fomentar la transformación de contratos temporales en indefinidos".
El ministro rechazó también cualquier conato de reforma en el sistema de prestaciones por desempleo y dijo que los gastos del Estado para la protección del desempleo seguirán bajando.
"El gasto en desempleo en 2011 empezó a bajar, llevamos cuatro meses consecutivos y durante todo el año 2012 lo veremos bajar nuevamente", dijo.
El gasto social presupuestado por España para 2010 era de 180.934 millones de euros, de los cuales 30.975 correspondían a atención a desempleados. Para 2011, el gasto social asciende a 183.231 millones de euros, aunque los desempleados absorben una cantidad levemente menor, de 30.474 millones.
La caída del paro ha supuesto un cambio de ciclo
