Los abogados de Iberdrola han acusado a ACS y Natixis ante el juzgado mercantil número uno de Madrid de haber suscrito un supuesto pacto parasocial "oculto" para ceder a la constructora los derechos políticos de sus derivados en la eléctrica y situarse en una posición de "abuso de poder" contraria a la legislación y a la normativa de la propia compañía participada.
