Madrid, 5 sep (EFECOM).- El respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y la financiación centran las más de 200 enmiendas que han presentado los Grupos Parlamentarios BNG, PNV, ERC, CiU y PP al anteproyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Por su parte, el Grupo Socialista ha presentado seis enmiendas al texto con las que se pretende ampliar el ámbito de aplicación de la Ley a un mayor número de municipios y de territorio.
Según explicó el portavoz del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, la primera enmienda eleva hasta los 30.000 habitantes el límite para considerar un municipio rural (antes se situaba en 20.000) y se amplía a pedanías, parroquias u otras entidades administrativas menores rurales que pertenecen a grandes municipios.
Alonso indicó a Efe que el PSOE también propone modificar la definición de agricultor profesional para que sean personas "físicas" (en el texto se dice "jurídicas") que obtengan al menos el 25 por ciento de su renta de la actividad agraria, pues según el diputado, cada vez existen más agricultores a tiempo parcial.
El portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Congreso José Madero, apuntó que las más de 50 enmiendas que presenta su Grupo se dirigen a que la Ley sea más concreta, especialmente en lo que a financiación se refiere.
Madero resaltó que es necesario saber con cuánto dinero se contará para realizar cada una de las acciones contenidas en la Ley y qué institución lo va a facilitar.
El diputado afirmó además que la Ley no debe chocar con las competencias a las Comunidades Autónomas e indicó que algunas de las enmiendas presentadas se dirigen a evitar que el Estado asuma competencias transferidas y que, en su lugar, colabore y coopere con las Administraciones autonómicas.
En esta línea van también la mayoría de las 50 enmiendas presentadas por ERC y las 35 del PNV, así como las más de 30 del BNG y las 50 de CiU.
La diputada del BNG Olaia Fernández consideró que la Ley debe respetar las competencias autonómicas y además, tener en cuenta que su ámbito de aplicación es diverso, por lo que no se puede acotar a una definición y abogó porque la Ley defina perfectamente la financiación de cada actuación.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) apuntó que el anteproyecto invade competencias exclusivas de Catalunya, además de ser "enormemente intervencionista y dirigista", no sólo en las políticas de desarrollo rural, sino también en sanidad, cultura y educación.
El portavoz de Agricultura de CiU, Pere Grau, admitió la necesidad de mejorar la situación del medio rural con unos servicios públicos suficientes y de calidad que desarrolla esta Ley, pero consideró que el texto actual entra en un "grado de detalle tan exhaustivo que llega a minar la integridad de la competencia otorgada por vía estatutaria a Catalunya".
El asunto competencial fue también el principal fundamento de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PNV, CiU y BNG, así como el de la financiación, recogido en la enmienda a la totalidad presentada por el PP.
Estas cuatro enmiendas a la totalidad se debatirán en el Pleno del Congreso el próximo 13 de septiembre, mientras que las enmiendas parciales previsiblemente se verán en Comisión de Agricultura este mes, de no prosperar ninguna a la totalidad. EFECOM
ya/ah/mdo
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