CC.OO. pone plazo al Gobierno para rectificar el retraso de la jubilación

El secretario confederal de comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, ha instado al Gobierno a cambiar el término "obligatoriedad" en la futura reforma de las pensiones por el de "voluntariedad", ya que si el resultado de la negociación no está en este camino el sindicato tomará las medidas que sean necesarias, incluida "la huelga general".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

En declaraciones a los medios, Lezcano ha subrayado los "contactos" y "acercamientos" que en los próximos días mantendrá CC.OO. con el Gobierno. En este sentido, ha asegurado que si se retira lo de los 67 años" el sindicato está dispuesto a discutir "de todo". "Si no se retira lo de los 67 años, el Gobierno debe saber que tiene el conflicto a las puertas", ha añadido.

Lezcano ha explicado que si la "medida estrella" del Pacto de Toledo es el aumento de la edad en la jubilación y genera discrepancias, el Gobierno tendrá que cambiarla porque "ahora es cuando menos autoridad moral tiene para canalizarla".

A su parecer, las conclusiones del Pacto de Toledo pueden ser interpretadas como un "cheque en blanco" por parte del Gobierno para llevar a cabo sus propuestas en esta materia, aunque el Pacto no le da "libertad de movimiento" para consumar una iniciativa así.

Además, ha recordado que los ciudadanos han transmitido su rechazo a la ampliación de la edad de jubilación, y se ha mostrado contundente al afirmar que "la única medida de flexibilidad es la voluntariedad" porque desde el sindicato no quieren una medida que beneficie a unos y perjudique a otros, sino "algo que se acomode a todos".

LA USO CREE QUE EL PACTO PUEDE SERVIR DE "COARTADA" AL GOBIERNO

Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) considera que las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar las pensiones pueden servir de "coartada" al Gobierno para retrasar la edad de jubilación a los 67 años.

La organización advierte de que algunas de las recomendaciones son "ambiguas" y quedan supeditadas a la interpretación del Ejecutivo en temas como el aumento del periodo de cálculo.

"No tiene ningún sentido ampliar esta edad, ya que nada impide actualmente prolongar la vida laboral más allá de los 65 años", deja claro USO en un comunicado, al tiempo que recuerda que la "mejor forma" de garantizar una pensión es generando empleo.

Así pues, avisa de que si el Gobierno no cesa en sus pretensiones, propiciará un "nuevo parche" que merece una respuesta "contundente y unitaria" de los sindicatos. "La sostenibilidad del sistema empieza por convertir en cotizantes a los más de tres millones de parados", insiste.

LAB DICE QUE LAS RECOMENDACIONES CONTEMPLAN "MEDIDAS DURÍSIMAS"

Finalmente, el sindicato LAB ha denunciado que las recomendaciones aprobadas en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo contemplan "medidas durísimas" que tendrán "nefastas consecuencias para la mayoría de la población". A su entender, "estamos ante el mayor ataque al sistema público de pensiones" que ha habido hasta el momento.

En un comunicado, el sindicato vasco ha lamentado que las recomendaciones consensuadas en esta comisión en relación al sistema público de pensiones "continúan en la línea de recortes marcada desde su nacimiento" en 1995.

"Esta Comisión parlamentaria propone, entre otras, ampliar el cómputo de años para calcular la cuantía de la pensión, aumentar el número de años para alcanzar la pensión completa, elevar el mínimo de años para alcanzar una pensión contributiva o impulsar los sistemas complementarios de pensiones", ha criticado.

A su entender, se trata de "medidas todas ellas durísimas" que tendrán "nefastas consecuencias para la mayoría de la población". Con la aprobación de estas medidas, ha advertido, "se están dejando a miles y miles de personas, sobre todo mujeres y jóvenes, sin derecho a una pensión" y, en general, la cuantía de las pensiones "se verá reducida aproximadamente en un 16 por ciento".

Tras denunciar que "estamos ante el mayor ataque al sistema público de pensiones hasta ahora habido", ha añadido que la reforma se plantea en un momento en el que el sistema de pensiones "goza de buena salud, con un superávit en 2009 de 8.500 millones de euros, y un Fondo de Reserva, los excedentes de la Seguridad Social, de 65.000 millones de euros (6% del PIB)".

Por el contrario, ha señalado que los planes de pensiones privados "parecen tocados" ya que la actual coyuntura de crisis financiera ha afectado también a sus inversiones, de modo que "las aportaciones han descendido en general y, en el caso concreto del Estado español, la caída ha sido de un 28 por ciento".

"Se trata en definitiva, de arruinar el modelo público para privatizar el sistema y poder especular. Hoy, con un sistema financiero en crisis, con una exigencia de liquidez por parte de los bancos, no es extraño que nos hablen del negro futuro de las pensiones públicas y se anuncie un nuevo recorte en el sistema de protección social", ha opinado.

LAB ha subrayado que las pensiones son "la espina dorsal" del estado de bienestar y ha recordado que, en España, "el gasto público en pensiones representa el 9 por ciento del PIB", mientras que en Francia e Italia la media se sitúa en el 14 por ciento. "De estos porcentajes, se concluye que las pensiones en el Estado español son demasiado bajas", ha indicado.

POBREZA GRAVE

Asimismo, ha insistido en que, en Euskadi y Navarra, más de 300.000 pensionistas viven en situación de "pobreza grave o relativa", lo que supone "casi la mitad de las personas pensionistas".

En esta coyuntura, las mujeres son, según ha recordado el sindicato, "las que sufren los mayores niveles de precariedad" porque tanto las pensiones no contributivas como las de viudedad y empleadas del hogar "son las más bajas".

La central vasca ha lamentado que, en la actualidad, 175.000 personas se encuentran en desempleo en Euskadi y Navarra y "ya el 36 por ciento no recibe ningún tipo de prestación".

"La situación es terrible, y el futuro que se nos viene encima es inasumible. Es necesario cambiar la situación. Es necesario pelear y luchar para poder asegurar que todo el mundo pueda tener una pensión digna", ha concluido, recordando que el próximo 27 de enero está convocada una huelga general para reclamar que "la jubilación siga siendo un derecho y no una mercancía más que comprar".