Las Cámaras de Comercio están decididas a plantar batalla al Gobierno para obligarle a anular el Decreto-Ley del pasado 3 de diciembre por el que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez suprimía el pago obligatorio de las empresas a las Cámaras.
La llamada cuota cameral supone el 60% de los ingresos anuales de estas instituciones a las que, sin embargo, se les mantienen todas las atribuciones y servicios que desempeñan hasta ahora.
Para ello el Consejo Superior de Cámaras, con el apoyo de las 88 instituciones camerales de toda España, está preparando un contencioso contra el decreto del Gobierno que presentaría probablemente ante el Tribunal Supremo, alegando que la norma aprobada por el Ejecutivo "va en contra de normas legales de rango superior".
En concreto, responsables de la organización cameral entienden que el decreto que anula el pago obligatorio es contrario a la Constitución Española, que reconoce expresamente a las Cámaras de Comercio como entidades públicas. Estima también que se oponen a las diferentes leyes de desarrollo de las Cámaras, así como a las leyes de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado que fijan la cuota cameral.
Prórroga hasta 2012
Sin embargo, los propios dirigentes de las Cámaras son conscientes de que las posibilidades de que la vía judicial prospere son "muy escasas", por lo que paralelamente se ha iniciado una vía de negociación con el Gobierno encaminada a intentar que se prorrogue, al menos un año, el pago obligatorio de la cuota cameral para las grandes empresas, que son las que aportan las dos terceras partes de los ingresos de las Cámaras por este concepto y prácticamente la mitad de sus presupuestos anuales. Esta prórroga contaría con el apoyo de CiU y PNV.
Así, las organizaciones camerales garantizarían su supervivencia al menos hasta 2012. Con la actual redacción del Decreto las Cámaras, que ahora están ingresando la cuota cameral de 2009, dejarían de percibir las cuotas de las pymes correspondientes a 2010 durante el año que está a punto de iniciarse, para perder también al año siguiente las de las empresas grandes correspondientes al ejercicio de 2011.
El propio presidente del Consejo Superior de Cámaras, Javier Gómez-Navarro, ha reconocido que si el Decreto-Ley sigue adelante, "sin un periodo de adaptación, será difícil que sobrevivan el 50% de las Cámaras".
La presión de los grandes
Esta puede ser una vía de solución, al menos para "ayudarlas a bien morir" como dice un destacado dirigente cameral. Aunque también parece difícil de alcanzar. En círculos del Partido Socialista, próximos al Ejecutivo, se comenta que la supresión del pago obligatorio de la cuota cameral fue una petición expresa de los grandes empresarios españoles durante la reunión que mantuvieron con el presidente del Gobierno el pasado 27 de noviembre, previa al anuncio de las últimas medidas anticrisis.
Éste es también el motivo por el que tampoco desde la patronal CEOE se va a prestar apoyo a las Cámaras de Comercio en esta "guerra". Mas allá de los meros testimonios formales del recién elegido presidente de la patronal, Joan Rosell, o de su principal opositor, Santiago Herrero, lo cierto es que, en privado, muchos miembros de la cúpula de la organización empresarial no ocultan su satisfacción por la medida.
"No estamos a favor de que haya ninguna cuota obligatoria en ninguna organización", afirmaba el martes un dirigente de CEOE, durante la Asamblea Electoral. Posición esta última que es compartida por la gran mayoría de las organizaciones sectoriales
Rosell: Quitar las cuotas es precipitado
