MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado con la abstención del PP y el rechazo de IU el dictamen del proyecto de Ley del Servicio Postal Universal, tras incorporar un paquete de enmiendas pactadas entre el PSOE y el resto de grupos, especialmente el PSOE, que a partir de ahora pasará a debatirse en el Senado.
El PSOE ha pactado el grueso de la norma con CiU a través de casi 40 enmiendas que permitirán que la futura ley sea "más eficaz y más garantista", según el portavoz de la federación catalana, Pere Macías.
Las modificaciones incorporadas a la norma buscan que las empresas privadas que se vayan incorporando al sector postal puedan tener "un campo de acción y unas reglas de juego claras" y que cada comisión del sector postal podrá arbitrar en caso de conflictos, como ya hacen otros organismos reguladores.
La prestación de este servicio de interés público por parte de Correos tendrá un coste en los Presupuestos Generales del Estado de cada año de entre 170 y 210 millones de euros, cantidades a las que se añadirán otros diez millones de euros por la prestación del servicio de giro.
EL RECARGO NO ES EXCESIVO.
El Gobierno señala que el Estado debe compensar la "carga financiera injusta" de Correos por asumir estos servicios "con obligaciones de servicio público", cuyo coste sitúa entre 200 y 240 millones de euros.
Pero a esta cantidad se le resta la obtenida por el recargo del 2% sobre el precio unitario de los servicios incluidos en el ámbito del servicios universal al que están obligados todos los usuarios (recargo que el Gobierno no considera como "excesivo") y que recaudaría entre 30 y 32 millones de euros.
De esta forma, el saldo de aportaciones se sitúa entre los 170 y 210 millones de euros, que se incrementan en otros diez millones por la obligación de prestar el servicio de giro, al considerarlo como un servicio complementario a los servicios postales.
35 OPERADORES NUEVOS AL AÑO.
La financiación del servicio se nutrirá, además de con aportaciones del Estado, por la contribución de todos los operadores con presencia en el mercado postal cuya facturación supere los 50.000 euros, ingresos a los que se aplicará una tasa del 1,5%.
La recaudación anual estimada es de 1,47 millones de euros, de los que 1,44 millones de euros procederán de Unipost y los restantes 33.750 euros de otros 215 operadores.
Asimismo, los nuevos operadores que se incorporen al mercado abonarán una cuota fija de 1.500 euros con el objeto añadido, aparte de contribuir a financiar el fondo, de evitar al "excesiva atomización del sector". El gobierno estima una incorporación anual media de 35 operadoras, lo que permitirá recaudar 52.500 euros y eleva la cifra total hasta los 1,52 millones de euros.
MULTIPLICA POR 10 LAS TASAS DE INSCRIPCION.
Según los cálculos del Gobierno, 234 de los 450 operadores privados son personas físicas o jurídicas sin empleados y cuya facturación es inferior a los 50.000 euros, por lo que están exentos de la tasa del 1,5%.
Además, los operadores deberán contribuir a la financiación de la Comisión Nacional del Sector Postal a través de la tasa por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales, cuya cuantía se multiplica por diez, pasando de 50 a 500 euros, que el Gobierno justifica por las "nuevas obligaciones" de la Comisión y que se trata de una cantidad "promedio" entre las que se cobran en Alemania (700 euros) o Portugal (1.500 euros).
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