Después de dos años como ministro de Trabajo, Celestino Corbacho parece que ha encontrado la medida estrella con la que rebajar el número de desempleados. Según anunció el pasado viernes, el Gobierno quiere reducir el plazo de 100 días con el que cuentan los parados para cobrar la prestación sin tener que atender a ningún compromiso laboral ni de formación que les ofrezcan las oficinas públicas y ajustarlo a sólo 30 días.
Pero, con este cambio, ¿se solucionará la poca eficiencia de los servicios públicos de empleo?
Esta reducción de plazos no tendrá casi ningún efecto. Y es que para que un parado pierda su prestación por este motivo, el empresario, que le ha entrevistado y le ha ofrecido un empleo, debe remitir una carta a los Servicios Públicos de Empleo (SPE) comunicando la negativa del desempleado a aceptar su oferta.
"Y esto, ¿cuándo sucede? -afirma un funcionario de los SPE- Aunque parezca mentira, a los empresarios les da pena que se queden sin prestación. Además, la empresa está inmersa en un proceso de selección y no pierde el tiempo en colaborar con los servicios públicos para eso".
En definitiva, la mayoría de los empresarios no comunican formalmente estas negativas, según afirman a elEconomista fuentes del antiguo Inem y de los servicios autonómicos de empleo. Por tanto, los parados no son sancionados por ello.
Las oficinas de empleo tan sólo pueden controlar algunos casos aislados de desempleados que ni siquiera se presentan a la entrevista o que directamente dicen al funcionario de turno que no les interesa la oferta laboral. "Cuando llamas por teléfono para ofrecer una oferta de empleo a un parado, siempre te encuentras con un 'es que': es que ahora no me viene bien, es que a ese horario..., es que mi formación no está enfocada para eso...", comenta un empleado de un servicio autonómico.
Por eso, la medida que quiere impulsar Corbacho, en la que se reduce el periodo de relajación del parado a un mes "para que se planteen su futuro laboral", según afirmó ayer el ministro en una entrevista radiofónica, parece que tan sólo tendrá un fuerte impacto en la formación.
Las oficinas de empleo son las que ofrecen directamente un itinerario de formación o la realización de algún curso, por lo que, en este caso, se podrá sancionar más fácilmente a los parados que rehusen la realización de cualquier colaboración formativa.
La culpa es del Inem
A pesar de que los parados rechazan ofertas sin ser sancionados, en la mayor parte de los casos, la culpa de la baja colocación no es del parado. "Antes de la crisis, los parados rechazaban más ofertas, ahora no suelen rechazar ninguna", añaden fuentes de los SPE.
El problema es que la intermediación del antiguo Inem no funciona. En el conjunto de 2009, los servicios públicos tan sólo recolocaron a tres parados de cada cien. En total, consiguieron intermediar en 381.050 empleos de un total de 13.977.537 puestos de trabajo gestionados durante ese ejercicio, según datos de la patronal de empresas de trabajo temporal (Agett).
Pero, ¿por qué no funcionan las oficinas de empleo? Para empezar, la competencia la tienen las autonomías y, por tanto, las oficinas tan sólo buscan empleo en su propio territorio, haciendo caso omiso de que la movilidad geográfica haría más competitiva la fuerza laboral nacional. Así que, aunque un parado de Valencia esté dispuesto a trabajar en Murcia, para ser un demandante de empleo en su autonomía vecina tendrá que apuntarse en sus servicios de empleo.
Desbordados
Por otra parte, el desbordamiento de las oficinas imposibilita un seguimiento personalizado en la búsqueda de empleo de cada parado. "Por cada 180 personas que demandan empleo, sólo hay un funcionario. Nada que ver con lo que sucede en otros países europeos, donde un funcionario atiende a unas 50 personas", afirma el secretario general de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz.
Asimismo, el presupuesto también tiene algo que ver: "Con el doble de parados, las transferencias del Estado son las mismas y los módulos de formación se han encarecido", destaca el director general del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, una de las pocas comunidades autónomas que destina parte de su propio presupuesto para realizar más políticas activas de empleo.
A este respecto, Francisco Aranda, presidente de Agett, señala que la solución se enmarca en la colaboración de las agencias privadas de empleo con el SPEE. "Las ETT llevan años siendo en España la principal pasarela al empleo con garantías y un camino indefinido", afirma.
No obstante, el ministro prepara una nueva reforma de las políticas activas de empleo con el fin de hacerlas más competitivas.
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Aviso a los parados por parte del Gobierno
