No hay dinero para las grandes infraestructuras. Frente al enfado de las constructoras, la austeridad presupuestaria exige recortar la inversión en autopistas y líneas de alta velocidad. Pero otra cosa bien distinta es el medio rural.
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible aprobado por el Gobierno ha comprometido una inversión de 1.800 millones de euros hasta 2014 para evitar el éxodo del campo.
Después de haber repartido 5.264 millones en ayudas a otros países, de subvencionar a las mujeres chocoanas de Colombia, a la policía de Nicaragua o a los gays y lesbianas de Zimbabwe, una de las peores dictaduras del África austral, el Gobierno parece empeñado ahora en que volvamos al campo.
El plan aprobado contempla, por ejemplo, ayudas para la construcción y desarrollo de caminos no motorizados e itinerarios históricos o el fomento del turismo rural y el desarrollo sostenible en fincas dentro de los parques nacionales.
Pero no sólo eso. Hay incentivos para la lectura en las bibliotecas en municipios de menos de 50.000 habitantes, el fomento de la participación social y política de la mujer, el empleo, o la ayuda a ONG en programas de cooperación y voluntariado social en el medio rural, con cargo, en este caso, al IRPF.
Un amplio abanico de inversión
El espectro de las inversiones es amplio a la vez que discrecional, por lo que no se ocultan los temores en ámbitos políticos a que se reedite el fiasco del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad, dotado con 5.000 millones de euros, y que acabó al final destinado a la construcción de tanatorios, el embellecimiento de cementerios, las obras en piscinas públicas, pistas de pádel y frontones o la construcción de carriles para las bicicletas.
Esta vez, ante los evidentes problemas en las arcas públicas, el Gobierno ha buscado, no obstante, la ayuda de las comunidades autónomas. La decisión, que ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros y que tiene carácter de Real Decreto tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga así a las autonomías a correr con el 50 por ciento de la factura, al tener que desembolsar conjuntamente un total de 905 millones de euros. A cambio, serán las propias comunidades autónomas las que durante los próximos meses delimiten las 219 zonas rurales sobre las que se va a actuar. Eso sí, "priorizando aquellas con menor desarrollo económico y ambiental".
El convenio del programa, que será coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, fue previamente acordado en la Comisión Interministerial para el Medio Rural y pactado, posteriormente, con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, representadas por la Federación de Municipios y Provincias (Femp).
En ningún caso, las acciones de las autonomías podrán ser, a su vez, objeto de financiación con Fondos de la Unión Europea ni con otros fondos de la Administración General del Estado. La cofinanciación estatal se realizará con cargo a los Presupuestos, concretamente a la aplicación de los convenios con las autoridades regionales. En plena crisis económica y recorte del gasto público, el Gobierno no oculta que se trata de la mayor planificación estratégica territorial desarrollada en España en su apuesta por mantener la cohesión territorial.
Esfuerzo extraordinario
Según aseguran desde el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, "en este contexto, es de resaltar el extraordinario esfuerzo del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos por mantener el presupuesto necesario para que el programa inicie su andadura".
Pero, ¿cómo se articulará el plan? En principio, se establecerán un total de 102 actuaciones, de las que 53 serán de competencia autonómica y el resto estatal.
Todas deben cumplir un requisito: favorecer el desarrollo y mejora de las estructuras y capacidades productivas, los servicios, las infraestructuras y los valores ambientales que faciliten el desarrollo del campo. Según el Gobierno, "el programa supondrá que más de 10 millones y medio de personas se verán favorecidas".
El Gobierno pagará caro el apoyo a los Presupuestos
