Bruselas, 27 jun (EFECOM).- La Comisión Europea abrió hoy a España un nuevo procedimiento sancionador por no recuperar las ayudas concedidas a empresas en el marco de las conocidas como "vacaciones fiscales vascas", motivo por el que el Tribunal de Justicia de la UE condenó a Madrid en diciembre pasado.
Si las autoridades nacionales siguen sin recuperar las subvenciones ilegales, Bruselas acudirá de nuevo a la Justicia europea, que podría imponer multas a España hasta que se complete la recuperación.
El Ejecutivo de la UE envió hoy a Madrid una "carta de emplazamiento" -primer paso en los expedientes comunitarios- en la que requiere información sobre las medidas para cumplir la citada sentencia del Tribunal y a la que deberá responder en el plazo de dos meses.
Bruselas destaca que España todavía no ha informado de ninguna medida dirigida a la recuperación efectiva de las ayudas.
A partir de la respuesta de las autoridades españolas, la Comisión decidirá si ha cumplido sus obligaciones y, si concluye que no, le enviará un "dictamen motivado".
En caso de persistir el incumplimiento, el Ejecutivo comunitario podría llevar España ante el Tribunal de Justicia por segunda vez y pedir a la corte que imponga multas (una sanción periódica, una suma a tanto alzado o las dos) hasta que concluya la recuperación de las ayudas declaradas ilegales.
La disputa entre Madrid y Bruselas por la fiscalidad vasca comenzó en 1999, cuando la Comisión abrió varios procedimientos por los sistemas de ayudas fiscales vigentes en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya para impulsar el establecimiento de empresas en la región.
Dichos sistemas establecían, por un lado, créditos fiscales del 45 por ciento y, por otro, reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades para empresas de nueva creación.
En 2001, la Comisión concluyó que esos sistemas constituían ayudas estatales ilegales, incompatibles con el mercado interior, y conminó a España a suspenderlos y tomar las medidas necesarias para recuperar las ayudas entregadas.
Bruselas acabó presentando seis recursos por incumplimiento ante la Justicia europea, que ha dictaminado varias veces, la última en diciembre, que las ayudas son ilegales y que las empresas debían devolverlas, algo que según la Comisión todavía no ha sucedido. EFECOM
epn/lgo
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