Economía/Fiscal.- La CE expedientará la semana que viene a España por no suprimir las 'vacaciones fiscales' vascas

El Ejecutivo comunitario podría pedir al Tribunal de Justicia la imposición de multas diarias

BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea expedientará el próximo 27 de junio a España por no suprimir las denominadas 'vacaciones fiscales' vascas, y por no haber recuperado las ayudas ilegales a las empresas instaladas en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya ya concedidas en el marco de este sistema, pese a la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE), de diciembre de 2006.

"Está en la agenda de la Comisión decidir si se abre o no un procedimiento de infracción contra España por no respetar la sentencia del Tribunal de Justicia de diciembre", confirmó a Europa Press el portavoz de Competencia, Jonathan Todd. Explicó que si las autoridades españolas no respetan el dictamen del Ejecutivo comunitario, Bruselas podría llevar de nuevo el caso ante el TUE al término del procedimiento y reclamar entonces la imposición de multas diarias.

Las ayudas en cuestión son el crédito fiscal del 45% a las inversiones y la exención parcial del pago del impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación, las denominadas 'vacaciones fiscales'.

El 20 de diciembre de 2001, la Comisión ordenó a España acabar con estos regímenes de ayudas fiscales aplicados en las tres provincias vascas y recuperar las subvenciones ya concedidas mediante este sistema al considerar que eran ilegales e incompatibles con la legislación comunitaria.

Ante el incumplimiento de las autoridades españolas, el Ejecutivo comunitario acudió al Tribunal de Justicia, que en diciembre de 2006 dictó una sentencia condenatoria. La sentencia constataba en primer lugar que las autoridades españolas no ha adoptado medidas adecuadas para impedir que estas ayudas ilegales se sigan concediendo.

En cuanto a la obligación de recuperar las ayudas ya puestas a disposición de las empresas, la sentencia señala que España no había acreditado ninguna actuación real ante las compañías interesadas. Señalaba que no es suficiente con que el Gobierno se limite a comunicar a la Comisión las dificultades jurídicas, políticas o prácticas que suscita la ejecución de la decisión.

Por lo tanto, el Tribunal dio la razón al Ejecutivo comunitario y sentenció que España no ha cumplido con sus obligaciones.