"La imposición a los abogados de las obligaciones de información y de cooperación con las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales, cuando intervienen en determinadas transacciones de carácter financiero sin relación alguna con un proceso judicial, no vulnera el derecho a un proceso justo", sentenció ayer el Tribunal de Justicia de la UE ante una cuestión planteada por los letrados belgas.
"Tales obligaciones se justifican por la necesidad de combatir eficazmente el blanqueo de capitales", concluyen los jueces comunitarios.
El caso se refiere a la directiva para prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, uno de los principales instrumentos internacionales de lucha contra la vuelta al circuito A del dinero B. En 2001, dicha directiva se actualizó y los notarios y los profesionales independientes del ámbito jurídico quedaron sujetos a sus disposiciones cuando intervienen en operaciones financieras o inmobiliarias, o cuando actúan en nombre y por cuenta de sociedades en cualquier transacción.
Derecho a la defensa
Dos recursos presentados en 2004 por varios colegios de abogados belgas ante la justicia de aquel país solicitaron la anulación de algunos artículos de la ley mediante la cual Bélgica integró en su legislación nacional la directiva comunitaria.
Los demandantes sostenían que obligarles a dar el chivatazo al tener conocimiento de hechos que sepan o sospechen que están vinculados con el blanqueo de capitales vulnera los principios de secreto profesional e independencia de los abogados. Principios en los que descansa el derecho fundamental de todo justiciable a un proceso justo y al respeto del derecho de defensa.
El caso llegó hasta el Tribunal de Justicia de la UE, que recuerda que los abogados tan sólo están sometidos a las obligaciones de informar y cooperar cuando asisten a sus clientes en la concepción o realización de transacciones y actividades en un contexto que no tiene ninguna relación con un procedimiento judicial.
Desde el momento en que se solicite la asistencia de un abogado para una misión de defensa o representación ante los tribunales o para obtener asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, el letrado quedará dispensado del deber de delatar a su cliente.
