Economía/Legal.- El arbitraje abarata un 36% y rebaja en 10 meses la resolución de conflictos en los arrendamientos

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El arbitraje aplicado a las relaciones entre arrendador y arrendatario abarata un 36% los costes y rebaja en 10 meses la resolución de conflictos mediante la vía judicial. Unos conflictos que en el 90% de los casos se deben al impago de rentas por parte del inquilino y cuya solución arbitral facilita que el propietario reduzca el tiempo en el que deja de cobrar la renta de alquiler por la paralización derivada del conflicto.

"El arbitraje funciona y es una herramienta preventiva de conflictos en los arrendamientos", aseguró hoy el director general de la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Aeade), Javier Iscar de Hoyos durante un encuentro con profesionales del sector.

Una prevención que sirve para resguardar los derechos tanto de los propietarios como de los inquilinos y a la que, hasta el mes de junio de 2007, ya se han acogido 70.000 contratos de alquiler firmados en España. La aplicación del arbitraje al sector inmobiliario sirve para "incentivar el mercado del alquiler en España" y las ventajas que plantea "han multiplicado el interés y las consultas" atendidas por Aeade en los últimos dos años, aseguró Iscar.

El procedimiento del arbitraje de derecho aplicado a los alquileres comienza con la inclusión del convenio arbitral, con coste de 40 euros y pago a convenir entre las partes, a la firma del contrato de arrendamiento o en el momento que surja el conflicto. En caso de que surjan diferencias se designa un árbitro y se abre una fase de alegaciones a las partes. La apertura del procedimiento cuesta alrededor de 350 euros.

A partir de este momento se abre un plazo de alegaciones con la posibilidad de celebrarse una vista entre las partes. En el plazo máximo de 2 meses el árbitro emite el laudo con la misma validez que una sentencia judicial, ejecutable desde la notificación y sin posibilidad de impugnación por razones de fondo. La ejecución se hará vía judicial. Todo el proceso cuesta un total de 850 euros y se puede tramitar a través de Aeade.

Por la vía judicial, todo este proceso dura entre 10 y 13 meses y el coste de abogado y procurador puede elevarse hasta 2.300 euros. El arbitraje incluye un sistema de notificaciones en el que si el demandado no responde a las mismas se dan por notificadas y continúa el proceso. Esto provoca un "efecto disuasorio" en los inquilinos profesionales en no pagar las rentas, explicó la abogada arbitral Isabel Winkle.

RETO PARA LOS GRANDES PROMOTORES

El reto de Aeade se encuentra ahora en convencer a los grandes promotores inmobiliarios de la inclusión del convenio de arbitraje en sus contratos de arrendamiento. La decisión de acogerse al arbitraje puede influir "de forma directa y positiva" en la cuenta de resultados de las grandes empresas inmobiliarias que centran parte de su negocio en el alquiler de viviendas, explicó Iscar.

Los abogados de las empresas inmobiliarias tardan "dos años" en convencerse de las ventajas del arbitraje, ya que están "acostumbrados" a recurrir a la vía judicial para la resolución de conflictos. Aeade trata de inculcar la "cultura del arbitraje" y de convencer a los representantes legales de que los trámites por esta vía "son más fáciles", apuntó Iscar.

Asimismo, la utilización del arbitraje como herramienta de mediación está facilitando la llegada a España de inversiones inmobiliarias extranjeras, ya que ven este sistema, muy utilizado en otros países, como una "solución a la lentitud de la vía judicial española que les retrae", explicó el catedrático en arbitraje, José F. Merino Merchan.

El arbitraje está declarado "equivalente judicial" por el Tribunal Constitucional y se rige por la Ley 60/2003, que incorporó las características del arbitraje elaboradas por las Naciones Unidas por lo que está respaldadO por las convenios internacionales. Por último, Merino advirtió de los peligros de "aristocratización y banalización" que acechan al arbitraje.

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