La Cámara de Barcelona reclama al Estado que transfiera 1.100 millones de inversiones no ejecutadas en Cataluña

La Cámara de Comercio de Barcelona ha recordado que el Estado debe a Cataluña 1.100 millones de euros en inversión en infraestructuras correspondientes a los ejercicios de 2007 y 2008, en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio de Barcelona ha recordado que el Estado debe a Cataluña 1.100 millones de euros en inversión en infraestructuras correspondientes a los ejercicios de 2007 y 2008, en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut.

El presidente de la Cámara, Miquel Valls, ha insistido en rueda de prensa en que esta disposición sigue siendo "plenamente válida" tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) gracias al pacto firmado entre el ex ministro de Economía Pedro Solbes y el consejero Antoni Castells, y que estos 1.100 millones se deberían incluir en los presupuestos de 2011, una posibilidad que contempla el acuerdo.

Valls ha mostrado su preocupación de que los incumplimientos en inversiones en infraestructuras en Cataluña "se convierta en una enfermedad crónica", y ha asegurado que está "convencido" de que el acuerdo entre la Generalitat y el Estado se cumplirá. "Yo aún creo en el cumplimiento de los pactos firmados", ha remarcado.

Asimismo, Valls ha reiterado su rechazo a la rescisión de tres contratos por parte del Ministerio de Fomento que afectan a obras en infraestructuras estratégicas para la competitividad económica de Cataluña.

Ha argumentado que la suspensión de las obras de enlace entre la A-2 y la AP-7 en Castellbisbal y del tramo Medinyà-Orriols de la A-2 afectan al desarrollo del Corredor Mediterráneo, y ha puesto de manifiesto que la rescisión de estos contratos sin aportar ninguna alternativa "revela la falta de compromiso" del Ejecutivo con este corredor.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO PÚBLICO FRENTE A LAS INVERSIONES

La Cámara de Barcelona ha puesto de manifiesto que el coste en términos de crecimiento que tendrá el recorte de la inversión pública aprobada para 2010 y 2011, cifrada en 6.000 millones de euros (el 0,6% del PIB español) frenará el ritmo de recuperación de la economía.

Según las estimaciones de la Cámara, basadas en un estudio elaborado por la Universitat de Barcelona (UB), el recorte de la inversión pública tendrá un coste en términos de crecimiento del PIB de cinco décimas acumuladas en el periodo 2010-2011 y de 1,5 puntos hasta 2015.

Valls ha insistido que, si el ajuste se produjera a través de una reducción del consumo público, el coste en términos de PIB sería cinco veces menor, de 0,3 puntos hasta 2015.

Ha reiterado que se debería llevar a cabo mediante la "racionalización de la administración pública", a través de la congelación de las plantillas de funcionarios, la reducción de Ministerios y la reunificación de algunas partes de la administración, entre otras medidas.