Las grandes patronales de la construcción se reúnen hoy para solicitar al Gobierno su particular Plan Renove para la obra pública. El plan de recorte presentado por el Ministerio de Fomento, y que supondrá la suspensión de obras por valor de 1.001 millones de euros, ha caído como un jarro de agua fría entre las empresas del sector, que ya han anunciado una fase de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) masivos y la pérdida "inevitable" de 115.000 puestos de trabajo.
"Nos hemos despertado pobres y entendemos que no se puede incrementar la inversión", dice en un tono comprensivo el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano.
"Pero no podemos entender que se recorte sobre inversiones comprometidas y, por lo tanto, sobre carteras ya establecidas y compromisos cerrados, sin que el Gobierno presente un plan ad hoc de reestructuración, como sí se ha hecho en otros sectores industriales ", critica el presidente de la patronal.
Por primera vez, la CNC sienta hoy en su sede a los responsables de la obra pública en España. Junto a Lazcano estarán en la mesa David Taguas, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de España (Seopan); Jaime Lamo de Espinosa, de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI); Javier Sáenz Cosculluela, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de obra pública (AERCO) y la cara de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), Rafael Fernández.
Los cinco hombres, responsables de un sector que ha sido y es el motor de la economía, pedirán al ministro de Fomento, José Blanco, que reflexione sobre este ajuste "y que el recorte que tenga que llevarse a cabo lo haga bajo la premisa de que el daño financiero y el daño a las empresas sea el menor posible".
Y ello, según Juan Lazcano, pasa porque el Ejecutivo habilite un Plan Renove adecuado a la obra pública y una cartera de medidas a corto plazo que evite que el ajuste del Ejecutivo sea tan dramático. "Nosotros no decimos al Gobierno lo que debe hacer, pero hay que tomar medidas antes de que esto se hunda" dice. "Tenemos la esperanza de una reflexión".
"Sobre todo", dice, "porque se trata un plan de reajuste inducido. Siempre se ha hecho así. Cuando el reajuste ha sido impuesto, el Gobierno ha ofrecido de manera inmediata soluciones para evitar males mayores, como en el que nos encontramos ahora", apunta.
Sobre la mesa, las constructoras observan medidas como el Plan Renove, para el sector del automóvil, las ayudas para la banca o la habilitación de una línea de crédito ICO al que ya se han acogido numerosas empresas y organismos públicos como los ayuntamientos.
Para Lazcano, la rescisión debe ser la última opción. Por ello, la mesa de las grandes planteará al ministerio una batería de medidas desde la parte del gasto y también de los ingresos. "Falta un plan integral de reducción del gasto. Hay que hacerlo de manera que afecte lo menos posible al crecimiento de la economía".
La patronal trasladará a Fomento varias iniciativas que pasan por un plan de privatizaciones de empresas, la aprobación de la tasa euroviñeta o la reventa de derechos de explotación de autopistas de peaje maduras, con nuevos plazos de 18 ó 20 años. "El Estado podría ingresar otros 10.000 millones de euros".
Insisten: no dirán al Gobierno qué hacer, pero sí darán consejos para "gastar menos".
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