El elevado absentismo de los controladores aéreos del aeropuerto de El Prat de Barcelona ha colmado el vaso de la paciencia del Gobierno. Según fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), 18 de los 53 controladores programados en el turno de mañana (el 32%) no acudió a sus puestos tras solicitar bajas por enfermedad.
Además, ocho controladores avisaron minutos antes de comenzar su jornada laboral, de forma que sus puestos no pudieron ser cubiertos, provocando retrasos de hasta dos horas en algunos vuelos programados. La situación volvió a repetirse en el turno de tarde, con 21 bajas en total.
Los ministerios de Fomento y de Trabajo ya han puesto en marcha distintos mecanismos para determinar la legalidad de las "bajas exprés" presentadas en los últimos días, coincidentes con el término de la primera quincena de julio, fecha elegida por muchos ciudadanos para desplazarse en avión. Si la Seguridad Social confirma que las bajas no están justificadas, el departamento que dirige José Blanco denunciará los casos ante la Fiscalía General del Estado.
Cambiar la ley
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se mostró ayer partidario de introducir modificaciones en la normativa que regula las prestaciones por incapacidad temporal para evitar que sean "utilizadas de forma desaprensiva o perversamente". "Hay que hacer cambios serios para garantizar que no se confunda enfermos con sanos, ni pícaros y desaprensivos con personas decentes".
Granado cuestionó la legalidad de las bajas laborales solicitadas por los controladores de El Prat al señalar que "estadísticamente es muy difícil que se pueda producir tal número sin que obedezca a una posición concertada". Al respecto apuntó que las prestaciones por incapacidad temporal deben "proteger a los trabajadores enfermos y no pueden ser utilizadas por colectivos que persiguen finalidades diferentes, tales como la de obstaculizar el funcionamiento de los servicios públicos".
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Aena no negociará la ley con los controladores
