España deja la Presidencia de la UE con un sabor amargo tras seis meses marcados por la crisis de la deuda pública y la emergencia que provocó el caso griego, que ha llevado a una obligada coordinación sin precedentes de los países de la Unión para garantizar la estabilidad del euro.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero afrontaba en enero esta Presidencia de turno con la idea de liderar el inicio de la recuperación europea una vez que la mayoría de los países habían salido de la recesión, incluida España en el primer trimestre. Sin embargo, Europa se encontró con una nueva y no menos peligrosa crisis, la de las finanzas públicas, que puso en entredicho la solvencia de varios países, entre ellos España.
El Ejecutivo ha tenido así que salir al paso de las advertencias de los mercados y de la propia UE con un histórico plan de recortes para tratar de acelerar la reducción del elevado déficit y con medidas drásticas como la reforma laboral, aprobada por decreto sin el consenso con los agentes sociales y sin el apoyo de los partidos, que la tratarán de enmendar en su tramitación en las Cortes.
La Bolsa española reflejó el miedo
Sólo habían pasado doce días de la Presidencia de turno cuando la Comisión Europea advertía de la grave situación griega y denunciaba en un informe las irregularidades sistemáticas en los datos fiscales que había dado este país.
La Unión Europea tuvo que ponerse las pilas y aprobar un mecanismo de rescate para la república helénica, en el que también se implicaba el Fondo Monetario Internacional. La respuesta para Grecia no terminó de aplacar a los mercados y tampoco ayudaron las agencias de calificación, que llegaron a rebajar la solvencia de la deuda griega al nivel de bono basura.
Todo esto provocó el temor del contagio a otros socios comunitarios con déficit muy elevado, incluida España, que se colocó en el punto de mira de los mercados y vio como las agencias Standard & Poor's y Fitch rebajaban también la nota a su deuda.
Además, la Bolsa española reflejaba ese miedo con constantes altibajos y caídas históricas, que a poco de terminar el semestre está en el entorno de los 10.000 puntos.
El mayor ajuste de la democracia
El 7 de mayo, la reunión del Consejo Europeo se convirtió en una urgente discusión sobre el peligro de contagio para España y Portugal, a los que se pedía premura en la consolidación fiscal, y dos días después la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, anunciaba un drástico plan para recortar el déficit en medio punto más de lo previsto este año y otro punto en 2011.
A Zapatero le tocó explicar en el Congreso, el 12 de mayo, el mayor ajuste de gasto que se recuerda en democracia, y que se apoyaba en el recorte salarial de los funcionarios, la congelación de las pensiones o la retirada de ayudas que hasta la fecha habían sido bandera de la política social del PP, como el "cheque-bebé".
La respuesta no se hizo esperar y la función pública celebró una huelga sin mucho éxito el 8 de junio, mientras los sindicatos amenazaban con un paro general si la reforma laboral, en plena negociación final, acababa sin acuerdo.
Al final, el diálogo social fracasó y el Gobierno cumplió con el calendario prometido, sobre todo con sus socios europeos, y aprobó en solitario, por decreto-ley, la reforma del mercado de trabajo el pasado 16 de junio, un día antes de acudir al último Consejo Europeo de su Presidencia.
La reestructuración del sistema financiero
La reforma, que generaliza el contrato de fomento del empleo, con un despido más barato, y permite a recurrir al despido objetivo -con 20 días de indemnización- a las empresas que justifiquen una "situación económica negativa", ha causado un importante malestar en el ámbito social y en el político.
Para conseguir convalidar el decreto, el Ejecutivo accedió a tramitarlo como proyecto de ley, lo que permitirá a los partidos introducir algunos cambios, aunque el Gobierno ya ha advertido de que no quiere modificar la reforma en su esencia. En cualquier caso, los sindicatos ya tienen en el calendario la fecha de la primera huelga general contra el Gobierno de Zapatero. Será el próximo 29 de septiembre, cuando se espera que la reforma ya haya sido aprobada por las Cortes.
Entretanto, Europa seguía buscando reforzar su estabilidad financiera, y el pasado 7 de junio se creaba el mecanismo para ayudar a los países que puedan tener riesgo de solvencia. En este periodo, España ha tenido otro objetivo que cumplir, con la misma fecha límite que la del fin de la Presidencia de turno: la reestructuración del sistema financiero.
La promesa pendiente: tests de esfuerzo
Las fusiones y alianzas se han intensificado en las últimas semanas, está a punto de concluir, con uniones destacadas como la protagonizada por Caja Madrid y Bancaja junto a otras cinco entidades menores, que va a desbancar a La Caixa como la primera caja española.
El proceso no ha impedido, no obstante, que haya sido necesario que el Banco de España interviniera a finales de mayo Cajasur tras su rechazo a fusionarse con la malagueña Unicaja.
El semestre acaba con la promesa de España y de la UE de publicar los esperados test de estrés de la banca, en los que este país ya sabe que juega con ventaja, pues sus dos principales entidades -el Santander y el BBVA- encabezan el ránking de solvencia europeo.
La presidencia europea aúpa a Zapatero
