José Luis Rodríguez Zapatero va este fin de semana a la cumbre en Toronto del G20 -el grupo de los países más ricos del planeta y las economías emergentes más prometedoras- a quemar sus últimos cartuchos para lograr resultados relevantes, antes de que termine junio y concluya el semestre durante el que el Gobierno español ocupa la presidencia rotativa de la UE.
Zapatero aprovechará los márgenes de la cita en la localidad canadiense para intentar hilvanar con sus homólogos de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Holanda, además de con el presidente de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, un pacto que desbloquee la entrada en funcionamiento el 1 de enero de 2011 del nuevo sistema de supervisión y reglamentación financiera en el Viejo Continente. El principal escollo será convencer al británico David Cameron para que sea más flexible que su antecesor.
Los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 países de la UE alcanzaron un principio de acuerdo a finales del año pasado para crear un mecanismo de alerta rápida que, presidido por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), haga sonar la señal de alarma si existe el riesgo de que se vuelva a producir una crisis financiera de la virulencia de la que ha causado la reciente recesión global.
En el acuerdo también figura reforzar los actuales foros de diálogo entre las autoridades nacionales encargadas en cada uno de los 27 países de la UE de la supervisión y la reglamentación de banca, seguros y bolsas. La idea es dotarlos de poderes de coordinación que faciliten la toma de medidas coherentes en todo el mercado único europeo y darles competencias para armonizar sus reglas de actuación.
Londres agua los planes
Las propuestas iniciales fueron diseñadas por el francés Jacques de Larosière, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ex gobernador del Banco de Francia y ex presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). El problema es que a lo largo de la negociación entre los Gobiernos de los Veintisiete, el Ejecutivo británico, entonces aún liderado por el primer ministro laborista Gordon Brown, logró aguar las propuestas para mantener la autonomía de sus autoridades nacionales y escapar al posible embrión de un futuro supervisor único europeo.
La Eurocámara pide más
Tras el principio de acuerdo alcanzado a finales del año pasado bajo la presidencia sueca de la UE, la presidencia española asumió la responsabilidad de terminar la negociación. Pero ha chocado con el Parlamento Europeo, que no acepta las concesiones a Londres.
La Eurocámara reclama, por ejemplo, que si el organismo que agrupará a los supervisores de la banca de los Veintisiete detecta que una entidad esta poniendo en peligro al conjunto del sistema financiero continental, pueda dictar la actuación del supervisor nacional competente sobre esa entidad. Y que si no lo acata, la autoridad europea pueda dirigirse directamente al banco en cuestión.
El eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, y uno de los ponentes que lidera la revuelta de la Eurocámara contra el acuerdo de los Gobiernos europeos, considera que aceptar la posición británica en esta cuestión sentará un precedente para que Londres también diluya la futura eurorregulación sobre derivados financieros y sobre los fondos de inversión alternativos: hedge funds o fondos de inversión libre y private equity o fondos de capital inversión.
El tiempo se agota para que España pueda colgarse durante su presidencia -que termina el 30 de junio, es decir, la semana que viene- la medalla de haber cerrado el acuerdo con el Parlamento. Y los eurodiputados amenazan con votar en su pleno de principios de julio unos textos legislativos muy alejados del pacto de los Veintisiete.
La consecuencia sería lanzar un mensaje de incertidumbre al sector financiero, que tras el verano seguiría sin saber cómo será el futuro eurosistema de supervisión. Y sin tener idea de hasta cuándo se prolongará la negociación en Bruselas, ni de en qué momento entrará en vigor su resultado.
La UE defenderá sus planes
