Madrid, 9 jun (EFE).- El paro del sector público ha provocado la ruptura de relaciones del sindicato CSI-CSIF con CCOO y UGT al denunciar hoy la organización de los funcionarios que los dos grandes sindicatos del país le apartaron de la organización de las protestas que ayer tuvieron lugar en todas las provincias españolas.
Un día después de la huelga de los empleados públicos, el paro ha pasado desapercibido en el entorno parlamentario, ya que ningún representante del Gobierno ni ningún diputado lo ha mencionado durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.
No obstante, pese a que el presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, reconoció hoy el escaso seguimiento del paro, destacó que se cumplió el objetivo de trasladar a la calle el debate sobre el trabajo del sector público.
Fernández también criticó a UGT y CCOO porque -en su opinión- utilizaron el paro de los empleados públicos para intereses distintos a la defensa de los trabajadores y como un ensayo para la huelga general.
El seguimiento de la huelga de ayer fue del 11,8%, según el Gobierno, y del 75%, según los sindicatos convocantes.
Aseguró que un día antes de la jornada de huelga desde CCOO y UGT se avisó a CSIF que podría marchar en la cabecera de las manifestaciones, pero no intervenir en los discursos, razón por la cual el sindicato decidió manifestarse por separado.
Fernández dijo que en el sindicato se sienten "dolidos" porque hasta ahora las relaciones con las federaciones del sector público de UGT y CCOO habían sido "muy buenas", por lo que espera que se pueda recuperar el diálogo para otras cuestiones.
Sin embargo, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, dijo a EFE que Fernández ha tenido un "ataque de cuernos" al no poder intervenir junto con los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo.
Lacuerda indicó que si hablan los secretarios confederales no pueden hacerlo los responsables sectoriales y subrayó que con esta decisión a CSI-CSIF "se le ha ido la olla".
El secretario general de la Federación de Servicios para la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, no quiso hacer declaraciones al respecto.
Por otra parte, la sesión de los miércoles del debate de control al Gobierno discurrió en un tono menos crispado que otras veces, como si la protesta de los funcionarios nunca hubiera tenido lugar.
Ni el diputado de IU, Gaspar Llamazares, que ha puesto de relieve el coste social que tendrá el plan de ajuste del Gobierno para reducir el déficit público, ni el líder del PP, Mariano Rajoy, en una pregunta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la necesidad de adelgazar el Ejecutivo, se han referido a la huelga.
La única representante del Gobierno que ha mencionado el paro del sector público fue la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, cuando en los pasillos del Congreso respetó la protesta y deseó "volver a iniciar el diálogo cuanto antes" con los empleados públicos.
La huelga del sector público no ha sido bien acogida por el sector empresarial, cuyos miembros tampoco comparten la convocatoria de una huelga general en caso de que no se alcance un acuerdo sobre la reforma laboral entre los agentes sociales y el Gobierno, y tenga éste que aprobarla de forma unilateral mediante decreto.
El presidente de la Confederación Regional de Empresarios (Cecam), Ángel Nicolás, opinó hoy que él se pensaría convocar una huelga general después de que "todo el mundo" piensa que la de ayer fue "un ensayo que no salió nada bien".
También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró que España no está ahora "para huelgas" porque atraviesa por un "momento durísimo".
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