El Tribunal de Justicia de la UE ha dictado este martes una sentencia en la que confirma que es legal el Reglamento comunitario que impone a los operadores de telecomunicaciones bajadas en sus tarifas por itinerancia o roaming internacional. La decisión de los jueces comunitarios supone una derrota para las telecos Vodafone, Telefónica O2, T-Mobile y Orange, que habían recurrido contra la norma, con la esperanza de que fuera anulada.
Este Reglamento estableció los precios máximos que los operadores de redes de telefonía pueden aplicar por las llamadas recibidas y efectuadas por un usuario desde su teléfono móvil mientras se encuentra en el extranjero. Estos límites eran aplicables durante un período de tres años.
La norma se adoptó utilizando como base legal las disposiciones del Derecho comunitario que permiten a la UE desarrollar legislación para aproximar los ordenamientos jurídicos de sus Estados, cuando haya disparidades o potenciales disparidades que puedan obstaculizar la creación o el funcionamiento del mercado supuestamente único europeo.
Cuatro Goliats de las telecos del Viejo continente ?Vodafone, Telefónica O2, T-Mobile y Orange? impugnaron la validez del Reglamento en cuestión ante el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales. Y la Justicia británica remitió el caso a la Justicia comunitaria, solicitando aclaraciones sobre si la UE tiene competencia para adoptar tal normativa en virtud de la base legal empleada.
Los jueces de Reino Unido también interrogaron a los europeos sobre si, al establecer precios máximos, el legislador comunitario había vulnerado el principio de subsidiariedad (según el cual, siempre que sea posible, las decisiones deben adoptarse de manera descentralizada y por las autoridades más cercanas y, por tanto, teóricamente mejor conocedoras del campo de aplicación) y el principio de proporcionalidad.
La sentencia de este martes no es una sorpresa, por cuanto el pasado 1 de octubre de 2009 ya se había pronunciado a favor de la legalidad del Reglamento, a través de la publicación de unas conclusiones formales, uno de los abogados generales del Tribunal de Justicia de la UE. Los abogados generales son una figura del Derecho comunitaria similar al juez ponente o al instructor en el Derecho español.
Sus conclusiones sobre los casos vistos para sentencia no son vinculantes para los jueces, pero la experiencia muestra que las sentencias siguen, al menos, las líneas maestras de las conclusiones en la gran mayoría de las ocasiones.
La sentencia definitiva debe ahora ser dictada por la Justicia británica. Pero los jueces de aquel país deben seguir la pauta marcada este martes por sus colegas de la UE.
En su versión original, estaba previsto que este Reglamento expirara el 30 de junio de 2010. Pero en junio de 2009 fue modificado: se extendieron los límites tarifarios máximos a los SMS y a las comunicaciones de datos, y se prolongó la fecha de validez hasta el 30 de junio de 2012.
El reglamento de la polémica
