
Hoy arranca el encuentro de los ministros de Economía y Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20. En su agenda, centrada en encontrar medidas para para reforzar el sistema financiero global, ocupa un lugar importante la crisis de deuda soberana por la que atraviesa la zona euro.
Esta reunión servirá para preparar el terreno con vistas a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20 en Toronto (Canadá) los días 26 y 27 de junio.
Temas sobre la mesa
Este foro económico mundial arranca hoy con una cena de trabajo en un exclusivo hotel de Busan, una ciudad costera surcoreana, donde los responsables de Finanzas debatirán estrategias para superar la crisis global y coordinar sus políticas macroeconómicas.
En esta misma sesión se discutirá sobre las políticas de prudencia fiscal, con el acento puesto en los recientes ajustes aprobados por España, Portugal y otros países europeos para contribuir a la estabilización de la zona euro.
Sin embargo, el grueso de los encuentros de trabajo tendrá lugar el sábado, cuando los miembros del G20, integrado por los principales países ricos y emergentes, profundizarán en un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las opciones para lograr un crecimiento global "fuerte, sostenible y equilibrado".
También se examinarán los progresos en la reforma financiera y algunas cuestiones regulatorias que la crisis de deuda en Europa ha puesto de nuevo sobre la mesa, entre ellas las referidas al capital y liquidez de las instituciones financieras.
Tasas bancarias
En este apartado, está previsto que se aborde la posibilidad de introducir tasas globales a las grandes entidades financieras, una espinosa cuestión que divide a los miembros del foro y sobre la que no se espera alcanzar ningún acuerdo en Busan.
La medida la defienden el FMI y países europeos como el Reino Unido, Francia y Alemania, que buscan que las entidades asuman una responsabilidad sobre los costes de las crisis financieras. Sin embargo, se oponen de plano miembros como Canadá, Brasil o la India, que creen que los gravámenes no deben ser globales sino solo para los países que han sufrido pérdidas financieras por la actuación de los bancos, es decir, las naciones ricas.