Algunas fuentes próximas a los interlocutores sociales y al Gobierno dan por seguro que el Ejecutivo tendrá que recurrir al decreto-ley? lo que probablemente recibiría como respuesta una convocatoria de huelga general. Pero el Gobierno, que ya se lanzó a la piscina del ajuste, puede acabar recurriendo al decreto
Aunque la negociación se lleva a cabo discretamente, todo indica que la reforma laboral está estancada. Los agentes sociales culpan en parte al Ministerio de Trabajo, que además de no haber dirigido con claridad las negociaciones, estaría ya atribuyendo responsabilidades por un fracaso que se considera inevitable?
¿Un decretazo inevitable?
Lo cierto es que las posiciones están muy distanciadas, y que algunas fuentes próximas a los interlocutores sociales y al Gobierno dan por seguro que el Ejecutivo tendrá que recurrir al decreto-ley? lo que probablemente recibiría como respuesta una convocatoria de huelga general.
Empresarios y gobierno pretenden la generalización del llamado contrato de fomento, sobre todo en lo referente a la contratación de los parados, que tiene una indemnización de 33 días por año trabajado en lugar de los 45 días del contrato ordinario. Pero a ello se oponen los sindicatos, que piensan que esto supondría un abaratamiento generalizado del despido por vía de los hechos consumados.
Los empresarios, por su parte, contrarios a endurecer la temporalidad y viendo que en las actuales circunstancias es imposible una bajada de las cuotas sociales, pretenden redefinir las causas del despido objetivo o procedente ?la caída de la facturación o una ausencia injustificada del trabajador de ocho días sería suficiente-, que da lugar a una indemnización de 20 días por año; lógicamente, los sindicatos tampoco transigen con esta reforma.
Medidas caras
Así las cosas, parece que los únicos puntos de encuentro, de momento, se refieren al plan de empleo juvenil, la reordenación de las bonificaciones a la contratación ?que por su generalización han perdido su razón de ser- y la introducción del modelo alemán (ante una caída de la facturación, se iría a jornadas parciales, cubriendo el Estado el resto). Sin embargo, estas reformas son caras ?unos 5.000 millones de euros-, y no está claro qué cantidad está dispuesto a poner sobre la mesa el Gobierno. Se habla de que podría destinarse a tal fin el excedente del Fogasa (unos 3.600 millones) y el dinero procedente de las bonificaciones (unos 1.400 millones).
Emular el modelo austríaco
Además, parece el Gobierno está dispuesto a introducir el llamado modelo austríaco: se crearía un fondo para cada trabajador en el que mensualmente se depositaría un porcentaje de la indemnización por despido que el asalariado podría llevar de una empresa a otra cuando cambiara de trabajo. También podría sustituirse este fondo por un seguro que cubriera el 40% del despido, como ha insinuado alguna fuente gubernamental.
La reforma es inaplazable, tanto porque nuestro sistema de relaciones laborales está distorsionado (la temporalidad es demasiado alta y el desempleo acucia) cuanto porque es necesario lanzar una señal al sistema económico que facilite la recuperación. De ahí que todo indique que el Gobierno, que ya se lanzó a la piscina del ajuste, acabe recurriendo al decreto para poner fin a unas negociaciones que duran ya demasiado tiempo y que no llegan a ninguna parte. Si así sucede, los sindicatos deberán explicar muy bien su reacción airada si no quieren que la hipotética huelga general con que amenazan termine siendo un fracaso.
