Madrid, 25 may (EFECOM).- El pleno del Congreso rechazó hoy la enmienda a la totalidad presentada por el PP al proyecto de ley de medidas de prevención del fraude fiscal, con el voto en contra de todos los grupos políticos a excepción del PP.
Durante su intervención, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, subrayó la importancia de la prevención del fraude porque "merma los ingresos y condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos".
El ministro recordó que el proyecto de Ley de medidas de Prevención del Fraude Fiscal, -aprobado por el Gobierno en diciembre de 2005 y que completa las medidas organizativas y operativas del Plan de Prevención del Fraude aprobado en febrero-, persigue mejorar la investigación por parte de la Inspección y evitar la ocultación de rendimientos, mediante tramas de fraude o de paraísos fiscales.
Entre las más de treinta medidas normativas que incluye el proyecto, Solbes citó la de la retención del tres por ciento en las facturas emitidas por determinados empresarios por los bienes y servicios prestados a otros con el fin de evitar las facturas falsas.
Asimismo, subrayó que para evitar el pago con dinero negro en la compra de inmuebles, la ley propone que las escrituras públicas de compraventa de un inmueble incluyan los medios de pago utilizados y la referencia catastral del inmueble.
También introduce la obligación de incluir la referencia catastral de la vivienda en los contratos de arrendamiento y en los de suministro de energía eléctrica con el fin de descubrir los alquileres no declarados.
Para combatir las tramas de fraude en el IVA, se introduce la responsabilidad subsidiaria de las empresas que adquieran mercancías a tramas y que obtengan un beneficio extraordinario por el impago de impuestos.
Además, se considerará residente en España a las entidades o sociedades radicadas en un paraíso fiscal cuando su actividad o activos principales estén en España, con el objetivo de evitar el fraude a través de paraísos fiscales.
Por otra parte, el depositario o gestor de bienes o derechos no afectos a un establecimiento permanente de personas o entidades residentes en paraísos fiscales será responsable de la deuda tributaria sin que sea necesario el acto administrativo previo de derivación de responsabilidad.
Para evitar simulaciones de precios o pagos a través de operaciones vinculadas, la Administración determinará el valor de la operación teniendo en cuenta los precios de mercado, salvo que la sociedad documente suficientemente el valor declarado, y, además, se adapta la normativa española a los métodos de valoración de la OCDE.
Además, se extiende al pago de las sanciones la responsabilidad solidaria de quienes colaboran en la ocultación o transmisión de bienes de un defraudador o incumplen las órdenes de embargo, una responsabilidad que ya existe para el pago de la deuda.
Solbes rechazó la enmienda a la totalidad porque "es ajena al contenido del proyecto, no entra en profundidad y no analiza sus medidas", y criticó la opinión del PP de que la agencia tributaria consorciada que prevé el Estatuto de Cataluña vaya a perjudicar la lucha contra el fraude, ya que contribuirá a tener "una mayor coordinación de actuaciones y un mayor intercambio de información".
Por su parte, la diputada del PP Ana Madrazo aseguró que el proyecto es "una patada tributaria al contribuyente", al que en ocasiones se le juzga "como cómplice del fraude, basándose en conceptos jurídicos indeterminados y ambiguos".
En su opinión, el proyecto introduce "elementos de inseguridad jurídica y reduce garantías de los contribuyentes".
El resto de grupos no apoyó la enmienda a la totalidad del PP, aunque todos coincidieron en su deseo de mejorar el proyecto de ley en algunos aspectos durante la tramitación parlamentaria.
El diputado de ERC Jordi Ramón subrayó el "envidiable" nivel de desarrollo de la Agencia Tributaria, que hace que "no se entienda que España tenga unos niveles de fraude de los más altos de Europa".
Por parte de CiU, Josep Sánchez Llibre afirmó que la Agencia Tributaria estatal tiene los suficientes mecanismos para luchar contra la economía sumergida.
Desde el BNG, Olaia Fernández subrayó la necesidad de que haya medidas para luchar contra el fraude, "que provoca una reducción de los ingresos y perjudica a los servicios que recibe el ciudadano".
El diputado de IU-ICV Gaspar LLamazares criticó que el PP no apoye la creación de agencias tributarias consorciadas, "cuando sí lo hace en algunos estatutos de las comunidades en las que gobierna", mientras que desde CC, Luis Mardones calificó el proyecto de "positivo, necesario e imprescindible". EFECOM
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