La actual crisis económica de nuestro país no es ajena a las administraciones públicas. Entre ellas, quizá el sector que pasa más desapercibido es la administración local. Pero los ayuntamientos no son ajenos a esta problemática. La falta de ingresos les está haciendo endeudar notablemente, y está provocando la toma de medidas excepcionales para aliviar la situación.
Según la legislación española, los ayuntamientos no pueden quebrar, y no pueden ser objeto de un embargo de bienes. Sin embargo, eso no es obstáculo para que algunos de ellos estén contrayendo unas deudas difíciles de asumir.
La palma se la lleva el municipio riojano de Ochánduri, que según informa este domingo el diario El País, es el más endeudado de España en relación a su número de habitantes (9.000 euros por persona). Si hablamos en términos absolutos, Madrid ostenta el récord, con una deuda que alcanza los 7.000 millones de euros (2.000 por habitante).
Entre las soluciones más polémicas que ya se están tomando, destacan los expedientes de regulación de empleo. El más claro ejemplo se ve en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, donde se están planteando el despido de 550 trabajadores. Además, la cancelación o el recorte de servicios escolares, sanitarios, culturales, deportivos, de limpieza o de recogida de basuras es una alternativa cada vez más frecuente.
La subida de impuestos es el otro recurso principal del que tiran los alcaldes para sacar del 'bache' a sus consistorios. Las tasas y precios públicos han sufrido un notable aumento recientemente, y junto al mencionado recorte de gastos, son las dos grandes bazas para subir la presión fiscal.
Sufriendo los efectos de la burbuja inmobiliaria
El gran problema llegó con la explosión de la burbuja inmobiliaria. Los ayuntamientos obtenían el 30% de sus ingresos del sector inmobiliario. Esos ingresos extraordinarios "se han ido para no volver", según asegura Juan José Rubio, ex director del Instituto de Estudios Fiscales, en palabras que recoge el mencionado diario El País.
Además, también han visto considerablemente recortados sus ingresos procedentes de las transferencias del Estado. Otrora, estos rondaban los 10.000 millones anuales. Este año, según informa Pedro Arahuetes, de la comisión de hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias, ingresarán por esta vía "3.000 millones menos".
Malas perspectivas para los ayuntamientos