El Gobierno otorgará 2.800 millones en ayudas a determinados sectores económicos y colectivos. Según el Ministerio, los mayores de 45 años serán excluidos por la falta de presupuesto de la medida.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya lo reconoció: "El actual sistema de bonificaciones a las cuotas sociales no funciona". Las ayudas a la contratación se han generalizado de tal modo que actualmente existen más de 30 tipos de bonificaciones diferentes. Por esta razón, el Ministerio ultima la modificación de éstas para limitarlas sólo a determinados colectivos (jóvenes, mujeres maltratadas y discapacitados) y destinarlas en exclusiva a pequeñas empresas y sobre todo a microempresas. El Ejecutivo llevará esta propuesta a la mesa de diálogo social, donde tendrá que consensuarla con los sindicatos y la organización empresarial CEOE como una de las partes de la futura reforma laboral, que fue propuesta por el Gobierno, cuya negociación se iniciará durante la próxima semana.
Y es que el Ministerio de Trabajo señala, en su informe Evaluación de los resultados del sistema de bonificaciones, que el impacto de los contratos subvencionados en las grandes empresas sólo se ve reflejado en la contabilidad de la compañía, pero no ayuda a que éstas contraten más. En cambio, en el caso de las microempresas (las que cuentan con menos de 10 trabajadores), la subvención, por ejemplo, del 50 por ciento de la cotización de un trabajador puede suponer la creación de un nuevo puesto de trabajo o incluso paliar el impacto de la crisis y ayudar a la propia supervivencia de la empresa.
Además, Trabajo también defiende que es necesario estudiar el efecto de estas medidas en determinados sectores económicos, ya que pueden ayudar a mantener la actividad en algunos sectores más perjudicados por la crisis. Por ejemplo, actualmente, existen bonificaciones para el sector textil que intentaban paliar las dificultades del sector. Sin embargo, en una reciente intervención ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, Alfonso Prieto, subdirector de Estudios del Ministerio, recomendó que las bonificaciones no se deben generalizar para todos los colectivos aunque sólo se concreten en un determinado sector. Se deberán limitar a determinados colectivos como los propuestos por el Gobierno (jóvenes, discapacitados y mujeres maltratadas) y, a su vez, centrarlos en pequeñas empresas, que realicen su actividad en los sectores más afectados por la crisis.
300 millones para ayudas
Las bonificaciones, aunque tienen una connotación de apoyo al empresariado, no tienen ningún efecto macroeconómico. Según concretaron varios expertos reunidos en la Comisión de Trabajo, "no disminuyen la tasa de paro, sino que provoca una mayor rotación de los trabajadores". Es decir, los empleos bonificados tienen menos permanencia en el empleo que los asalariados que han sido contratados ordinariamente. Además, las empresas suelen utilizar los contratos subvencionados para emplear a trabajadores con una menor cualificación y contratos ordinarios de 45 días de indemnización para contratar a personas cualificadas, según se desprende de los informes presentados en la Comisión, que evalúa el seguimiento de estas ayudas en los últimos cuatro años.
El impacto del cambio de esta medida se deberá comprobar a largo plazo, ya que de los 2.800 millones que se destinarán en 2010 a las bonificaciones, según informó el Ministerio, quedan disponibles menos de 300 millones de euros. El resto está comprometido con bonificaciones ya realizadas. Dada la escasez de fondos, el Ministerio tendrá que excluir de las bonificaciones a determinados colectivos que necesitan subvenciones para que sean contratados: los mayores de 45 años, según informó Alfonso Prieto. Asimismo, el informe del Ministerio de Trabajo establece que el contrato de 33 días, cuya ampliación se incluye en la propuesta de reforma laboral del Gobierno, tan sólo se ha utilizado para realizar el 24 por ciento de los contratos indefinidos.
Las empresas continúan confiando más en el contrato indefinido ordinario de 45 días de indemnización, según enuncia el informe. Desde 2006, el 76 por ciento de los contratos indefinidos realizados fueron de 45 días.
El Ministerio explica que esto se debe a que, por un lado, el colectivo de 31 a 44 años queda excluido de este contrato y por otro, que el contrato de 33 está limitado al despido procedente. Además, si se rompe el contrato de forma improcedente y éste se complica, la empresa deberá pagar el salario de tramitación, hasta que el juez establezca el despido o se llegue a acuerdo.
La CEOE "no firmará cualquier papel sobre la reforma"
