Economía.- Las cajas gallegas examinan los pormenores de la ley para empezar la renovación de los órganos de gobierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS)

Caixa Galicia y Caixanova examinan los pormenores de la Ley de Cajas para comenzar la renovación de los órganos de gobierno, a la que están obligadas antes del 6 de marzo y con la que el 75 por ciento de los actuales miembros de la asamblea general deberán abandonar su puesto actual.

Fuentes de la entidad coruñesa explicaron que el consejo de administración ya fue informado de los cambios y novedades de la nueva norma, en vigor desde el pasado 6 de enero, y ahora examina los aspectos más concretos con el ánimo de "aplicarla y aplicarla bien". Así, la caja consulta con la Consellería de Facenda las dudas acerca de como llevar a cabo los requerimientos de la ley, a falta de que los estatutos de la entidad sean adaptados, algo para lo que el plazo se extiende hasta principios de julio.

De momento, el consejo ya aprobó la paralización del proceso que estaba en marcha para renovar a la mitad de los representantes de la asamblea y, en una próxima reunión de los órganos de dirección, se dará cuenta del proceso concreto para elegir a los nuevos miembros y se despejarán dudas existentes respecto, por ejemplo, al criterio para decidir cuáles serán los impositores que permanecerán un año más --la norma establece que la mitad de ellos, 24 personas, no abandone inmediatamente el puesto--.

Caixanova, por su lado, está en pleno análisis del texto e irá tomando decisiones acerca del mismo, aunque no tiene convocado, por el momento, ninguna reunión extraordinaria. Mantiene la fecha del consejo de administración, que habitualmente es el último jueves de cada mes.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía explicaron que aún no ha finalizado el análisis de la ley gallega, pero que la intención es terminarlo "lo antes posible", pues "no puede dilatarse en el tiempo" porque se pueden generar "más dificultades". En caso de encontrar preceptos que no se ajusten a la legalidad vigente o a la Constitución, agregaron, la norma "se recurrirá".

Este departamento del Gobierno central indicó que "aún no se ha considerado en su totalidad" el texto de la ley e insistió en que todas las normas autonómicas son revisadas por el Ejecutivo estatal, con el fin de verificar que se ajustan a las leyes españolas.

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