Ciudad Real, 9 mar (EFECOM).- El que fuera director general de Caja Rural de Ciudad Real entre 1988 y 1996, Antonio Vega, pedirá a la entidad bancaria una indemnización por "el grave daño moral y económico" que le ha causado, tras nueve años de procesos judiciales, hasta que el Supremo ha declarado su inocencia.
Dicho tribunal ha absuelto a Vega de los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental de los que venía siendo acusado por Caja Rural mediante una querella que presentó contra él en 1996 y que había desestimado en primera instancia la Audiencia de Ciudad Real, declarando su inocencia.
Vega dijo que "a pesar de que el caso ya quedó claro hace años, la entidad ha seguido recurriendo en una estrategia dilatoria -suspendieron el juicio tres veces- que me ha causado gravísimos daños, ya que todos mis bienes han estado embargados durante este tiempo y he intentado encontrar trabajo en otras entidades, pero no me lo daban por la querella que pesaba sobre mí".
"La justicia -añadió- cuando tarda tanto tiempo ya no es justicia y, sobre todo, en una pequeña ciudad como Ciudad Real, donde todos se conocen y la gente te señala por la calle y yo ya he sufrido una condena social".
Precisó que la entidad pidió incluso contra él prisión preventiva y que el daño se extendió también a su esposa, empleada de la Caja, que fue despedida a raíz del caso, pero que ha tenido que ser readmitida tras un juicio "que hemos ganado", dijo.
Vega aseguró que "de momento" no pedirá su posible regreso a la entidad, aunque no lo descarta, y que hablará con sus abogados para estudiar demandas contra la Caja y "contra personas concretas" de la misma "que han movido todo esto", añadió.
Dijo también que como cooperativista ha pedido en la última asamblea general de la entidad que el actual director general, Miguel Angel Calama, sea cesado "porque le pide el fiscal de Barcelona 9 años de cárcel en un proceso por el caso Estevil, cuya vista empezará en unas semanas y he pedido que un hombre así no podía seguir".
En su querella contra él, la Caja le acusaba de haber dado créditos en situación irregular a una empresa de publicidad con sede en Madrid que realizaba las campañas de promoción de la cooperativa de crédito, así como de apropiación indebida de 600 millones de las antiguas pesetas, en connivencia con Isidoro Rodríguez, el dueño de dicha empresa, llamada Ceinsa, EFE.
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