Madrid, 5 jul (EFECOM).- El fiscal Miguel Angel Torres pidió hoy, en una vista pública en el Tribunal Supremo, una sentencia absolutoria para el presidente del SCH, Emilio Botín, y los antiguos ejecutivos José María Amusátegui y Angel Corcóstegui por las jubilaciones millonarias recibidas por estos dos últimos.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estudió hoy un recurso de casación presentado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, en 2005, exculpó a Botín, Amusátegui y Corcóstegui, de un delito de apropiación indebida o un delito societario de administración desleal por cobrar indemnizaciones millonarias tras la fusión del Banco Santander y el Banco Central Hispano.
Las acusaciones particulares en esta causa, en representación del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y del accionista minoritario del Juan Francisco Franco Otegi, piden una sentencia condenatoria por parte del Supremo por las retribuciones de 43,8 y 108,1 millones de euros cobradas por Amusátegui y Corcóstegui.
Sin embargo, el Ministerio Público no considera "relevante" saber si estos pagos son "indemnizaciones, retribuciones o pagos", tal y como discutieron hoy acusaciones particulares y defensas, sino si los accionistas fueron "perjudicados" por estos abonos y, en general, por la fusión entre Santander y Central Hispano.
Sobre el posible delito de administración desleal, no cabe aquí porque, según el fiscal Torres, estas jubilaciones fueron acordadas por la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración.
"No hay prueba que haya demostrado el perjuicio, ni por la apropiación indebida ni por el delito societario" y, como "falta este elemento", "no procede una sentencia condenatoria, sino absolutoria" para Botín, Amusátegui y Corcóstegui, añadió el fiscal ante el presidente de la Sala, Juan Saavedra.
La defensa de Emilio Botín, a través del abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo, solicitó la "desestimación" del recurso y dejó claro que, tanto Amusátegui como Corcóstegui abonaron un 40 por ciento de estos pagos como impuestos por rendimientos de trabajo.
Además, se efectuaron con "total transparencia" pues fueron aprobados por los órganos de gobierno del banco resultante de la fusión, en la que tanto Amusátegui como Corcóstegui fueron "dos personas clave".
Por lo tanto, estos desembolsos no constituyen "una desproporción" ya que tampoco fueron "una condición" para la fusión entre el Santander y el Central Hispano, en la línea de lo expuesto por los abogados defensores de Amusátegui (Ramón Hermosilla) y Corcóstegui (Javier Sánchez-Junco).
Sin embargo, las acusaciones particulares, representadas por Manuel Gómez-Benitez, catedrático de Derecho Penal, y el abogado Josep López, indicaron que, en 1998, el BCH tenía ya devengados 433 millones de pesetas (2,6 millones de euros) para estos pagos, lo que demuestra que "es una contrapartida que recibieron por la fusión" con el Banco Santander.
Esta cantidad de dinero que se les abona, después de la fusión, "es algo más que un blindaje", pues -añadió López- aunque no hubiesen ido a trabajar, "se iba a seguir cobrando" y "por cualquier cosa menos lo que dicen los contratos".
Según el recurso planteado por las acusaciones particulares, la sentencia de la Audiencia Nacional "incurre en falta de claridad en los hechos probados que, además, son contradictorio entre sí" y, adicionalmente, "no resuelve sobre todos los puntos que fueron objeto de la acusación" por los delitos de apropiación indebida y administración desleal para los que pedían varias penas de prisión (doce años de cárcel para Botín y seis años de prisión para los otros dos ejecutivos).
Además de los tres argumentos de "quebrantamiento de forma", se aluden dos aspectos recurridos por "infracción de precepto constitucional" y otros dos relacionados con "infracción de ley", referidos a un "error en la apreciación de la prueba". EFECOM
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