El Gobierno busca desesperadamente una salida que le permita salir airoso del debate de reforma de la Ley de Morosidad. Una iniciativa de Convergencia i Unió a la que el PSOE se sumó en junio, a la fuerza y para no quedarse solo, y que en el último momento podría intentar solventar mediante la imposición, vía enmiendas, de imponer intereses disuasorios que penalicen los pagos de bienes y servicios en plazos superiores a 60 días, que es el tope máximo que establece el proyecto de reforma.
Desde el partido del Gobierno se ha venido entorpeciendo desde entonces la tramitación de esta reforma, que es una de las principales reivindicaciones de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos, mediante peticiones de ampliación del plazo de presentación de enmiendas que, en su última prórroga, concluye hoy.
Una estrategia de demora que los nacionalistas catalanes estiman injustificada, por lo que van a solicitar formalmente que no haya más aplazamientos. Postura a la que se sumará también el Grupo Popular, cuyos portavoces aseguran que "al Gobierno no le interesa que prospere una reforma cuyo objetivo es evitar la actual posición dominante de las Administraciones y las grandes empresas sobre los pequeños".
La propuesta, presentada por CiU y que fue respaldada por la totalidad de los grupos parlamentarios, reduce los pagos a los proveedores a 30 ó 60 días, como máximo, a imitación de la reforma que entró en vigor en Francia a principios de este año y para aliviar la situación asfixia financiera que sufren los autoempleados y las pymes, agobiados también por las restricciones crediticias de los bancos.
En principio existe también unanimidad entre las fuerzas políticas parlamentarias respecto a estos plazos máximos de pago. Sin embargo el escollo está en la coletilla que ya figura en ley vigente y en la que se afirma que estos plazos se pueden prolongar "por acuerdo expreso entre las partes". Una matización que tanto el grupo proponente como la oposición mayoritaria quieren derogar porque, en la práctica, a los pequeños "se les impone esa renuncia a los plazos de cobro" para optar a la adjudicación de los contratos. Por el contrario, el Grupo Socialista defiende la continuidad del acuerdo entre las partes, alegando que suprimirlo sería "contrario al Derecho mercantil y podría declarase inconstitucional".
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Alargar los plazos de pago perjudica a las empresas
