"Laboralmente, la gripe A está muerta, por ahora, pero no podemos cantar victoria". Con estas palabras resumía un alto dirigente empresarial la repercusión actual de la nueva enfermedad en el mundo laboral. "Las bajas a día de hoy son mínimas, muy por debajo de las esperadas, pero lo peor puede estar aún por llegar", asegura.
Una opinión que coincide con la que expresan en el Ministerio las autoridades sanitarias, quienes corroboran que en estos momentos España está "en un nivel bajo", aunque advierten que "lo lógico es que los contagios vayan en aumento a medida que avance el otoño y el invierno", tal y como ocurre con la gripe estacional.
Es más, entre el personal sanitario se estima que la incidencia más alta de la gripe A se producirá entre los meses de noviembre y febrero, pero también recuerdan que "para entonces ya tendremos las vacunas". Nada menos que 37 millones de dosis, que son las que el Ministerio de Sanidad ha encargado a los laboratorios Novartis y Glaxo- SmithKline para cubrir al 40% de la población.
La poca predisposición de muchos médicos a diagnosticar como gripe A los casos de bajo riesgo que pueden asimilarse a los de la gripe común es otra de las razones de la escasez de bajas por la nueva enfermedad, dado el elevado coste del protocolo y los análisis que, además, tardan en torno a dos semanas en confirmar los resultados.
Miedo al telechequeo y las cuarentenas
La evolución seguida en las primeras semanas del otoño, y también la "serena y muy eficaz" respuesta -en palabras de destacados responsables de la patronal- dada por la ministra Trinidad Jiménez y su equipo a la pandemia han sido decisivas para reducir la alarma entre la población, respecto a las consecuencias de la enfermedad en sí, y entre los emprendedores ante una un posible oleada indiscriminada de bajas laborales amparadas en la gripe A.
En el ámbito empresarial el asunto ha llegado a ser objeto de atención prioritaria en las últimas reuniones de la cúpula de la CEOE, en las que, junto al reconocimiento a la labor de la ministra se han escuchado también advertencias y recelos respecto a algunas de las recomendaciones de las autoridades sanitarias de las distintas administraciones del Estado.
Ocurre que desde el Ministerio de Sanidad se está aconsejando a la ciudadanía el llamado telechequeo médico, o lo que es lo mismo, y traducido al lenguaje de la calle, llamar por teléfono en caso de fiebre. Una práctica cuya generalización puede llevar, en opinión de muchos empresarios y de algunos médicos, a una nueva incapacidad laboral transitoria no documentada.
Pero también desde las comunidades autónomas, las autoridades sanitarias encargadas de gestionar el control y el desarrollo de la enfermedad pueden decretar cuarentenas en cualquier local, incluyendo los centros de trabajo, "con el consiguiente riesgo de abuso", que unido al citado del telechequeo puede motivar un fuerte crecimiento del absentismo, al adicional que ya se produce en estos meses por la incidencia de la gripe estacional.
Un problema sensible
Y es que el problema del absentismo es especialmente sensible para el empresariado, porque tanto desde la CEOE como desde las Cámaras de Comercio llevan mucho tiempo instando al Gobierno a abordar, de forma decidida, su tratamiento en las empresas, corrigiendo las disfunciones que se producen en la gestión y el control de la incapacidad laboral.
Es verdad que el Gobierno asumió el compromiso de "trabajar" para combatir el absentismo durante las reuniones de la frustrada, hasta el momento, negociación social. Pero ni siquiera en ese compromiso el Ejecutivo y las centrales sindicales apostaron por abordar esta grave lacra laboral en España con carácter prioritario y con la contundencia que merece.
Porque si al problema del absentismo le añadimos el derivado de una conflictividad laboral creciente y las amenazas de las centrales sindicales de generar un "otoño caliente" por lo que califican como "paralización de los convenios", las consecuencias para la economía española pueden ser dramáticas.
Y, ojo al dato, sólo durante los ocho primeros meses de este año se han perdido en nuestro país casi 32 millones de horas de trabajo por conflictividad laboral, un 14,89% más que en el ejercicio 2008.
