"Una auténtica vergüenza". Con estas palabras definían los empresarios asistentes a la última reunión de la Junta Directiva de la CEOE el funcionamiento del Programa de Empleo Rural, el polémico PER, y solicitaron que la patronal incluya la petición de abolición de este instrumento entre los temas de sus negociaciones con el Gobierno, en el marco del acuerdo social.
Para el empresariado español, el PER es responsable directo de una buena parte de la enorme bolsa de trabajo sumergido que existe en España, aunque su funcionamiento se circunscribe únicamente a las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.
En el transcurso de la reunión, algunos representantes territoriales de la CEOE confirmaron algunos datos que confirman el peso que sigue teniendo la economía sumergida en nuestro país, entre los que destaca el hecho de que siendo Cádiz la provincia española con más porcentaje de paro, sólo ha registrado 179 solicitudes de trabajadores para apuntarse a la ayuda de 420 euros para los desempleados de larga duración.
Revelador es también que para la campaña de la fresa en Huelva, en la que habitualmente se contrataban 26.000 personas procedentes en su mayoría de Países del Este, en este año, en el que no se hizo convocatoria para los emigrantes con objeto de favorecer el empleo nacional, únicamente se han presentado 1.500 personas.
Son cifras de dos provincias en las que rige el PER y que para la cúpula de la CEOE corroboran que "algo está pasando que hace que el mercado de trabajo en España sea absolutamente inflexible. Y no sólo el mercado de trabajo, sino también el mercado de los parados".
El PER ha sido un programa polémico desde su creación, durante el mandato de Felipe González. Aunque sus defensores aseguran que contribuye a mejorar las condiciones de vida del medio rural y a evitar un exilio de población del campo a las ciudades; quienes se oponen a su existencia apuntan que está evitando un verdadero desarrollo de los pueblos (Andalucía y Extremadura siguen ocupando los últimos puestos de desarrollo económico en España) y que lleva aparejado un elevado número de fraude tanto a través de la declaración de peonadas falsas para alcanzar el subsidio, como mediante el desarrollo de trabajos para la economía sumergida por parte de algunos perceptores. También se le achaca el ser un instrumento del Gobierno para mantener el voto cautivo.
La Ley de Dependencia es otro de los instrumentos del Gobierno que la patronal española considera que no está funcionando. Para la organización empresarial la mala aplicación de esta Ley, que se creó para prestar ayudas sociales a las familias que tienen enfermos pendientes, propicia que se esté convirtiendo en otra prestación económica adicional, perdiendo el objetivo inicial para la que se puso en marcha.
Hoy, tres años después de que arrancara el instrumento el Gobierno desconoce con exactitud cuántas personas se benefician de una de esas ayudas.
