MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo ha remitido un texto de recomendación al Ministerio de Economía y Hacienda, a raíz de la intervención de Fórum y Afinsa, en el que consideraba que "la inactividad de los poderes públicos de control frente a un problema que conocían ha incrementado los efectos económicos negativos de las irregularidades cometidas por las sociedades".
En las conclusiones de dicho informe, enviado el pasado mes de diciembre a la Secretaria de Estado de Economía, el Defensor del Pueblo solicita al Gobierno la adopción de medidas con el fin de establecer "un régimen jurídico adecuado" a las sociedades de inversión de bienes tangibles, así como "la búsqueda de alguna solución para los actuales afectados por la intervención de Fórum y Afinsa".
El Defensor del Pueblo ha instado al Gobierno a la adopción de actuaciones consistentes en completar el marco legal al considerar que "la no previsión de un régimen específico dentro de las sociedades de inversión es lo que ha generado confusión y desregulación".
El informe advierte al Gobierno de que "la existencia de un mero régimen general que esboza infracciones y sanciones no crea las garantías y la protección necesaria para los ciudadanos que acuden a estas ofertas de inversión, por lo que los poderes públicos tienen la obligación de promover y establecer las condiciones necesarias para que dicha concurrencia se produzca con respeto a sus derechos y en las mismas bases de seguridad económica de las que disponen otros productos de ahorro".
El Defensor del Pueblo abrió, el pasado mes de mayo, una investigación ante la Secretaría de Estado de Economía sobre "el vacío legal existente respecto de las sociedades de inversión en bienes tangibles" al considerar la existencia de una "inoperatividad del control apriorístico" de los órganos competentes de la Administración.
El Anteproyecto de Ley que regulará la protección de los consumidores y usuarios en la relación con las empresas que comercializan bienes tangibles, para evitar situaciones como las recientemente ocurridas con Afinsa o Forum Filatélico, se encuentra al inicio de su tramitación.
AUSBANC SE SUMA
Por su parte, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) consideró hoy que el contenido de dicho informe apoya las reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial del Estado por "omisión" y "actitud negligente" de la Administración en la crisis filatélica, presentadas por la asociación ante el Ministerio de Economía y Hacienda.
Ausbanc afirmó que dicho informe comparte los argumentos en los que se han apoyado para exigir la Responsabilidad Patrimonial del Estado. Dichos argumentos se basan en el cambio de criterio llevado a cabo por la Agencia Tributaria, que "pasó a considerar la actividad de dichas entidades como financiera" cuando era mercantil y, por la falta de regulación en el marco normativo del sector de inversión en bienes tangibles por el Ministerio de Sanidad y Consumo, apoyada en la Disposición Adicional IV de la Ley 35/2003 de IIC.
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