Chiclana de la Frontera se enfrenta cara a cara con la Justicia. La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha decidido abrir varias líneas de investigación para esclarecer un posible delito urbanístico no sólo en esta localidad, sino en toda la Costa de la Luz.
Tras las revelaciones realizadas por elEconomista, el fiscal Ángel Núñez ha tomado la decisión de abrir diligencias a raíz de la avalancha de denuncias presentadas tanto por particulares como por pequeños propietarios.
"Se está investigando tanto a promotoras como a constructores", aseguran fuentes cercanas a la Fiscalía, que subrayan que la línea que se sigue no incluye un posible delito de cohecho por parte de las autoridades municipales, aunque no se descarta que más adelante se pudiera ampliar también el caso hasta ese extremo. Por ahora, sin embargo, no ha llegado a la Fiscalía ninguna denuncia en ese sentido.
Informe demoledor
Núñez presentó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un informe demoledor el pasado verano. El fiscal de Medio Ambiente ponía el acento en problemas de gran calado como "los delitos urbanísticos, los daños a la naturaleza por obra humana o los atentados al patrimonio histórico".
Cádiz se convirtió en 2005 en la provincia andaluza donde más diligencias se abrieron por este tipo de delitos: 102; una cifra que supuso un fuerte incremento frente a la registrada en 2004 (73 en total). A pesar de la repercusión mediática que han tenido las irregularidades urbanísticas en otras zonas del litoral, como la costa de Málaga, y sobre todo, Marbella, en esta última provincia sólo se investigaron 59 casos durante el año pasado, según el informe del fiscal.
La Fiscalía advierte que la proliferación de casas ilegales, un fenómeno que sigue en plena expansión, se debe a la impunidad que reina en la costa gaditana, propiciada por sentencias laxas contra los propietarios de las mismas, la falta de recursos en los juzgados y la "absoluta renuncia" que hace la Audiencia Provincial "a decretar la demolición de lo construido ilícitamente".
Siniestralidad laboral
Todo esto ha podido influir, entre otras cosas, en que Cádiz se haya convertido en la provincia andaluza con mayor número de accidentes laborales en el sector de la construcción. "Se trata de edificaciones que se realizan sin proyecto ni dirección técnica, careciendo de medidas de seguridad...", y en las que no se cumple ninguna reglamentación específica sobre salud laboral o higiene en el trabajo, mantienen desde la Fiscalía. Al margen del organismo público, el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, ha pedido también la intervención de la Agencia Tributaria ante la sospecha de que pueda haber también un delito fiscal en Chiclana de la Frontera, donde podrían existir hasta 40.000 viviendas sin licencia y en condiciones completamente irregulares.
Sobre las diligencias abiertas en la Fiscalía, ningún responsable del Ayuntamiento de Chiclana atendió el viernes las llamadas de este periódico para saber su opinión.
Cortes de luz y agua
Tal y como adelantó elEconomista el pasado 8 de febrero, el Defensor del Pueblo de Andalucía ha reclamado al Ayuntamiento de la localidad gaditana que corte los servicios a las viviendas ilegales y evite que se firmen nuevos contratos. "Reconozco que es una medida difícil de llevar a cabo en la práctica con las viviendas de uso habitual, pero sí se puede hacer con las segundas residencias. Lo que no se puede permitir es que las construcciones ilegales puedan disponer de los mismos servicios que las legales", explicó Chamizo a este periódico.
La clave de todas las irregularidades que se están cometiendo en esta ciudad, que podría acabar por convertirse en otra Marbella, la tiene lo que se conoce ya en ámbitos políticos como el clan de Chiclana, reponsables de que en la zona se hayan levantado en pocos años unas 40.000 viviendas ilegales.
Entre otros, forman parte del mismo, los ex alcaldes Sebastián Saucedo (hoy subdelegado del Gobierno), Manuel Jiménez (secretario general para el Deporte), José de Mier (delegado de la Zona Franca de Cádiz), el actual regidor, José María Román, hermano del diputado y candidato socialista a la Alcaldía de Cádiz, Rafael Román, y el ex concejal y actual delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán.
