La paciencia, o la vergüenza, de los líderes mundiales ha dicho basta a las millonarias, y difícilmente justificables, primas de algunos ejecutivos.
Faltan sólo dos semanas para el primer aniversario del descalabro de Lehman. Su caída fue el pistoletazo de salida a la carrera de debacles del sector financiero, que a punto estuvo de llevarse por delante a todo el sistema. O eso argumentaron los gobiernos de todo el mundo cuando se lanzaron en masa a inyectar dinero en sus entidades financieras. Sólo en Estados Unidos, el fondo del Plan Paulson (TARP), creado para rescatar entidades, fue dotado con 700.000 millones de dólares (490.000 millones de euros). El fondo de rescate español (Frob) tiene un margen de hasta 99.000 millones de euros, mientras que Reino Unido y Alemania han tenido que nacionalizar algunos buques insignias.
Pero todo este esfuerzo poco ha importado a muchos de los primeros espadas de esas mismas entidades, que lejos de entornar el mea culpa, premiaron su buen hacer con multimillonarias primas. John Thain, ex consejero delegado de Merrill Lynch, no tuvo reparos en elevar su sueldo de 83 millones de dólares cuando la entidad que dirigía perdió 5.600millones, ni en destinar 1,2 millones a redecorar su despacho justo cuando negociaba salvar los muebles vendiéndose a Bank of America. El sueldo de Richard Fuld, el último presidente de Lehman, en 2007 rondó los 35 millones de dólares, sin olvidar los casi 500millones que se llevó en incentivos durante los 15 años que estuvo al frente de la entidad. Y ahí están los frutos.
Más recientes son los escándalos europeos protagonizados por el francés BNP Paribas y el británico Royal Bank of Scotland (RBS): no hace ni un mes que se descubrió que el gigante galo había reservado mil millones para primas de sus directivos, sin que parecieran importarle los 5.000 millones que ha percibido de ayudas del Estado. Tampoco ha tenido reparos RBS en ofrecer siete millones de libras esterlinas (7,95 millones de euros) a un ejecutivo del maltrecho Merrill Lynch, olvidándose de que el Tesoro británico posee el 70 por ciento del banco escocés.
Cansados de tantos excesos, o movidos por el hartazgo de la población ante estas situaciones, los principales líderes mundiales han comenzado una cruzada contra las
retribuciones de oro. El primero en romper la baraja fue el presidente estadounidense BarackObama, que
el pasado febrero limitó a 500.000 dólares anuales (100.000 dólares más que el sueldo del inquilino
de la Casa Blanca) la retribución de los ejecutivos de las entidades que recurran a ayudas públicas, además de congelarles el bonus, los planes de retribución con acciones y los blindajes hasta que devuelvan el dinero que pidieron. Y, ¡oh, sorpresa! Un aluvión de bancos se lanzó a hacerlo.
Apenas cuatro meses después, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, American Express, el Bank of New York Mellon y otras cinco entidades recibieron el visto bueno del Tesoro estadounidense para retornarle los 68.000 millones de dólares que les habían cedido. Parece que el sistema no corría tanto peligro.
Los líderes europeos lanzaron todo tipo de arengas respecto a la decisión de Obama, pero se unieron al discurso de intentar frenar las primas de los ejecutivos. Ya en la anterior reunión del G-20, celebrada a principios de abril, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y su homólogo español, José Luis Rodríguez Zapatero, enarbolaron (de palabra) la bandera de contener los salarios, los blindajes de oro y las retribuciones variables. Pero tras la tormenta verbal, llegó la calma. Hasta ahora.
Parece que esta vez sí, los principales líderes están dispuestos a tomar medidas. Los ministros de Economía
y Finanzas de los 27 Estados de la Unión Europea, capitaneados por Francia y Alemania, debatirán en su próxima reunión la necesidad de crear un frente común contra los abusos y llevar una propuesta enfirme al encuentro del G-20 que se celebrará en Pittsburg (EEUU). Tras esta suma de fuerzas está el temor a que algún país se desmarque y se convierta en el nuevo paraíso del sistema financiero, papel que ahora ostenta la City londinense. Por eso, todos los Estados miran con lupa los
pasos que está dando el vecino.
Además, las ampollas que levanta este tema entre los ciudadanos, golpeados por la crisis económica y el aumento del paro, tiene una lectura electoral que ningún Gobierno está dejando de lado. Otro motivo
de peso para tener claro qué está haciendo
cada país.
Estados Unidos
Wall Street ha vuelto a su forma convencional de hacer negocios, mientras el resto de la población sigue
sufriendo las consecuencias de sus irresponsables decisiones. Todos los rumores apuntan que Goldman ya
ha dado el pistoletazo de salida para repartir los mayores
incentivos de sus 140 años de historia, algo que sentaría un precedente para el resto de inquilinos del sector financiero. Pero, al fin y al cabo, Goldman ha saldado su deuda con el Tesoro y puede hacer con su dinero lo que quiera.
Otro caso son Citigroup o Bank of America, que deben todavía 90.000 millones de dólares a los contribuyentes.
El primero ha revuelto más de un estómago después de conocerse que uno de sus traders estrella, Andrew Hall, recibirá un bonus de 100 millones de dólares. Hall, quien vive en un castillo con mil años de antigüedad y cuenta con una despampanante colección de arte, ha despertado el odio popular, en un país donde el sueldo medio son 50.000 dólares anuales y la tasa de paro roza el 9,5 por ciento.
En medio de este desaguisado, el Congreso dio luz verde antes de marcharse de vacaciones a un proyecto de ley que pretende poner fin a la soga que liga los descomunales incentivos con la toma de riesgos en Wall Street. Entre las medidas propuestas destaca que los accionistas puedan opinar sobre las compensaciones de los directivos "y la empresa ignorarlos, porque estas opiniones
no serán vinculantes".
A esta medida se une la figura de un nuevo supervisor, Kenneth Feinberg, nombrado por el Departamento del Tesoro, que revisará cualquier conflicto que pueda surgir con los incentivos repartidos entre las compañías rescatadas por el gobierno federal. De hecho, Feinberg y su equipo han pasado semanas revisando junto a los abogados de compañías como Citigroup, AIG, Bank of America, Chrysler Financial, General Motors o GMAC, sus planes de bonificación.
Varios informes apuntan a que estas compañías podrían repartir más de 32.000 millones de dólares en primas, pese a deber más de 200.000 millones de dólares a las arcas federales. Aunque la última palabra la tiene Feinberg, que durante los próximos tres meses podrá aceptar o
rechazar estos planes, pero no podrá meter mano a los contratos firmados antes del 11 de febrero de 2009. Además, las autoridades han pedido que se liguen los bonus a planes a largo plazo y se devuelva lo antes posible el dinero prestado.
Reino Unido
Reino Unido ha visto cómo los incentivos para la asunción de riesgos vía bonus situaba al sistema al borde del colapso. Por ello, el Gobierno prometió mano dura contra
una práctica que el presidente de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA), Lord Turner, empieza a calificar como una causa de la crisis, en vez de un síntoma. El cambio de
reglas fue encomendado al propio regulador, que se encontró con la férrea oposición del sector financiero, que amenazó a Londres con perder su condición de capital de los negocios. Quizás abrumado por tanta presión, el código retributivo publicado por la FSA este mismo agosto decepcionó a quienes esperaban mayores imposiciones. La apuesta por recomendaciones, en lugar de principios, y una ambigüedad terminológica, permite a la City sortear la guía.
Ante esta situación, el titular del Tesoro, Alistair Darling, ha decidido intervenir y ha anunciado para octubre una regulación que otorgue a la FSA el poder de actuar; y ha avanzado su intención de plantear en el G-20 la necesidad de poner coto a los premios por asumir riesgos desmedidos, porque Londres es consciente de que necesita una estrategia global para evitar un éxodo de la City. Un temor que no ha impedido al presidente de la FSA recomendar mayores cargas fiscales a las transacciones financieras, como fórmula para reducir el importe de los bonus.
Francia
Nicolas Sarkozy no ha dudado en amenazar a los bancos con vetarles para siempre la posibilidad de trabajar con el Estado francés si no acceden a su petición de modificar la actual política de bonus. En concreto, el presidente galo quiere desligar el cobro de este variable con el corto plazo, y por eso ha propuesto que el 66 por ciento se pague a los
largo de tres años, y el otro 33 por ciento sea en acciones. Suma y sigue, porque Sarkozy también quiere sacar adelante el sistema de bonus-malus, que vincula el variable
de los ejecutivos tanto a las ganancias como a las pérdidas.
Para garantizarse que todas las entidades financieras acatan las nuevas reglas, el jefe de Estado francés ha nombrado al ex presidente del FMI, Michel Camdessus, supervisor de las retribuciones de los banqueros, con el mandato de que vigile la transparencia en los pagos de las primas de las cien mayores entidades que operan al otro lado de los Pirineos.
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