Las improvisaciones del Ejecutivo le llevaron a aprobar, el pasado 13 de agosto, el Real Decreto sobre el nuevo subsidio de los 420 euros sin estar todavía definido. Éste ha sido el último coletazo de la ruptura del diálogo social. El Ejecutivo anunció a finales de julio que tomaría las medidas necesarias para resolver el empeoramiento del mercado laboral. Trabajo se muestra abierto a ampliar los 420 euros.
Pero, a partir de ese momento, el Gobierno comenzó a dar traspiés semana tras semana hasta poner de evidencia el único interés que tenía en el diálogo social: la foto del Pacto Social y mantener una imagen de consenso. Prueba de ello es que la única medida que ha insistido en sacar adelante es el nuevo subsidio (máxima exigencia sindical) con lo que se garantiza la paz social.
El resto de propuestas necesarias para resolver la crisis, según se desprendía de las negociaciones, todavía duermen el sueño de los justos. Mientras que el mercado laboral continúa paralizado, aclamando algún tipo de reforma que alivie su rigidez. Una rigidez que, por otra parte, continúa siendo denunciada por organismos internacionales tales como el Banco Central Europeo.
Así las cosas, el pasado martes el Grupo Parlamentario ERC-IU-ICV, junto al Grupo Parlamentario Vasco, presentaron la petición de comparecencia con carácter de urgencia del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. El día elegido, en el que Corbacho deberá aclarar si se reanudará o no el diálogo social en septiembre o si Zapatero tomará las riendas de crear las condiciones favorables para fomentar el empleo, es hoy.
En definitiva, el Gobierno tendrá que explicar hasta dónde está dispuesto a llegar para lograr la foto del Pacto Social o cuándo considera que debe empezar a gobernar.
¿Se retomará el diálogo social en septiembre? Y, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo para convencer a los sindicatos y a la CEOE?
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo públicas este verano sus pretensiones de reanudar las negociaciones con los agentes sociales. Eso sí, Corbacho dejó claro a principios de mes que no reabrirá el diálogo social "si es para marear la perdiz".
Antes de que se zanjara definitivamente el diálogo en julio, el Gobierno envió un comunicado en el que se atacaba a la organización empresarial diciendo que fue "incapaz" de explicar sus exigencias y que carecía "de argumento alguno", además de que defendía el "despido libre". Este comunicado debería ser una de las cuestiones que hoy tendría que explicar hoy el ministro de Trabajo, para no iniciar el diálogo con antecedentes de este tipo.
Este no es el único obstáculo al que se enfrenta el ministro. Para reanudar las negociaciones, el Ejecutivo tendrá que buscar nuevso alicientes para atraer a los sindicatos a la mesa una vez más, ya que el Gobierno aprobó en agosto de forma unilateral la máxima exigencia sindical: el nuevo subsidio, por lo que los sindicatos lo tienen todo hecho.
¿El Ejecutivo tan sólo contentará a los sindicatos o rebajará los 1,5 puntos de las cotizaciones, tal y como ofreció Zapatero a los empresarios en julio?
Tanto si se retoman las negociaciones como si no, el presidente del Ejecutivo anunció que aprobaría las medidas necesarias para crear empleo. Por ahora, tan sólo ha dado luz verde a más subsidios, mientras que los empresarios continúan denunciando que sus cargas económicas son demasiado afixiantes para mantener el empleo.
Incluso siendo los empresarios los que tienen la llave de la creación de empleo, el ministro volvió a desafiar a la CEOE al decir que la rebaja de 1,5 puntos de las cuotas sociales "no existe ni forma parte de la agenda del Gobierno". Es más, Corbacho añadió que "algunas propuestas, cuando se ponen sobre la mesa y no se llega a acuerdos, desaparecen".
De todas formas, si se quiere reanudar la negociación con ciertas garantías de éxito, el Gobierno deberá eliminar los "límites rojos" que le impuso a las propuestas de la CEOE. Y olvidarse de otorgar capacidad de veto a cualquiera de las partes, siempre que el objetivo sea reactivar la economía.
Tras las recomendaciones del Banco Central Europeo, del Banco de España y de la Comisión Europea, ¿el Gobierno seguirá ignorando la necesidad de una reforma laboral?
"Muy rígido, ineficiente y socialmente injusto". Esta es la definición que le otorgó el pasado martes el Banco Central Europeo al mercado laboral de España. Además, de que "perjudica de manera muy clara algunos segmentos de la población, por ejemplo, los jóvenes".
El organismo europeo ya se había pronunciado en anteriores ocasiones. El pasado seis de agosto, el mayor representante del BCE, Jean-Claude Trichet, reclamó una "mayor flexibilidad" para el mercado laboral español. Estas recomendaciones se unen con las efectuadas por el comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, y las del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Aun así, el Gobierno continúa rechazando la reforma laboral, por el veto de los sindicatos. Hace unos días, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se mostró tajante a este respecto: "Sin reforma laboral, podríamos tirarnos doce o catorce años años en salir de la crisis".
La promesa realizada en el Debate sobre el estado de la Nación de rebajar en cinco puntos el Impuesto sobre Sociedades, ¿dónde queda?
Esta medida para pymes, que ya fue anunciada en el Debate sobre el estado de la Nación, se introdujo en la mesa del diálogo social. Pues bien, aunque existía consenso total sobre su idoneidad, cayó en el olvido tras la ruptura del acuerdo. Está por ver si el Gobierno volverá sobre este asunto.
Aunque no se reanude el diálogo social, ¿el Ejecutivo modificará la normativa de las ETT para que trabajen con la Administración Pública?
La modificación de la normativa de las agencias privadas de empleo también obtuvo consenso entre los agentes sociales, pero tampoco fue aprobada. De todas formas, esta medida no es más que la trasposición de una directiva de la Unión Europea de 2008, que debe estar en funcionamiento en España antes de 2011.
¿La Ley para la Economía Sostenible y el nuevo Fondo de Inversión Local seguirá adelante aunque no se restituya la concertación social?
El Ejecutivo anunció que el Fondo de Inversión Local dotado con 5.000 millones de euros estaría en marcha en 2010. Pero, por ahora, no han habido novedades y la medida continúa paralizada. De todas formas, este fondo junto a la Ley para la Economía Sostenible son las piezas clave de las medidas del diálogo social. Son las de mayor dotación económica, exactamente 25.000 millones de euros (20.000 para la economía sostenible y 5.000 para el nuevo Fondo de Inversión Local).
En realidad, sobre la puesta en marcha del nuevo fondo no existe ninguna duda. No sólo tiene el consenso de los agentes sociales, sino que beneficia la imagen del Gobierno porque crea puestos de trabajo a corto plazo, aunque sean temporales.
