La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, ha asegurado que el Gobierno "está abierto a analizar" la ampliación de la ayuda de 420 euros, pero recalcó que ya en los actuales términos "supone un alto coste". Además, confirmó que, aunque está prevista la convalidación del real decreto la próxima semana en el Congreso, el Ejecutivo no dará un paso al frente sin reunirse antes con los sindicatos y reiteró que "no hay nada cerrado".
Así lo indicó en un receso durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y Empleo, durante el cual también quiso dejar claro que la medida dirigida a parados que hayan agotado sus prestaciones y subsidios y no cuenten con ingresos suficientes "nunca ha tenido una vocación de renta de inserción" y, por lo tanto, no está pensada para ser "universal".
Con todo, reconoció que hay cuestiones que ya están siendo objeto de estudio, como que la medida sea complementada por las comunidades autónomas cuando las rentas de inserción de éstas sean superiores a los 420 euros. En este punto, también reconoció que los itinerarios de inserción son un "concepto amplio", ya que puede ir desde meras entrevistas hasta planes completos de empleo, y que "dependen de las comunidades autónomas".
La FEMP solicita a las CCAA 200 euros más
Además, se refirió a la propuesta de la Consejería de Trabajo de Cataluña, que fue secundada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de sumar a los 420 euros otros 200 por parte de las comunidades autónomas, a través de convenios de trabajo social, para permitir que los beneficiarios reciban una cantidad similar al salario mínimo y además puedan desarrollar un empleo social.
Al respecto, precisó que estos convenios "existen hace 30 años" y están incluidos en la Ley de la Seguridad Social, con lo que la propuesta no es nueva. Con todo, Rojo precisó que la propuesta es "interesante" y confió en que estos convenios "se amplíen" antes de precisar, eso sí, que "no sustituyen a nada".
No es una medida improvisada
Por otro lado, Rojo aseguró que la medida ha recibido los elogios de la amplia representación de los consejeros de empleo de las comunidades autónomas, que, según dijo, tildaron la medida de "deseada, valorada y necesaria". Con todo, la medida sí recibió las criticas del consejero de Castilla y León y, especialmente de la consejera de la Comunidad de Madrid, Paloma Andrados, quien la calificó de "improvisada".
"No ha habido improvisación", defendió la secretaria general de Empleo, alegando que la medida ha sido discutida ampliamente durante meses en el marco del diálogo social e incluso iba a ser adoptada por comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Murcia. En este punto, puso en valor además que "libera y complementa los recursos de las comunidades autónomas". "No es un parche", añadió.
Además, la secretaria general de Empleo defendió la rapidez con la que se ha puesto en marcha la medida, e incluso dijo que, "probablemente, es una de las que con mayor agilidad y diligencia ha entrado en vigor".
La FEMP pide aumentar la ayuda
