Berlín ha impedido que la Comisión Europea proponga este viernes agilizar durante la crisis el reparto de las generosas ayudas comunitarias. La propuesta, si es adoptada, ayudaría a España a utilizar 2.300 millones de euros para formación de parados. Y a recuperar su retraso en la gestión de fondos estructurales, retraso que amenaza con hacerla perder 1.000 millones este año.
Los planes del Ejecutivo comunitario fueron presentados por primera vez en junio. Y Angela Merkel, canciller alemana, los torpedeó en la cumbre celebrada a finales de junio en Bruselas por los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 países de la UE.
Berlín sólo acepta que se facilite el acceso a las ayudas a la UE a los países que han tenido que recurrir a las ayudas del Fondo Monetario Internacional para evitar la quiebra de sus arcas públicas: Letonia, Hungría y Rumanía.
El infiltrado alemán
Bruselas intentó resucitar sus planes esta semana. Pero este viernes los ha zancadilleado el socialdemócrata alemán Günter Verheugen, vicepresidente de la Comisión Europea y titular de las carteras de Empresa e Industria. El tema volverá a ser debatido la semana que viene entre los 27 comisarios europeos.
Verheugen ha actuado de infiltrado del Gobierno alemán en Bruselas, una de las funciones que de facto tienen los comisarios. Aunque oficialmente se supone que sólo actúan en función del interés general comunitario.
Los ahorros de Alemania
Alemania es uno de los pocos países que contribuyen al presupuesto comunitario con más fondos de los que recibe a cambio. Este es también el caso de Suecia y Holanda, países que también se oponen a agilizar el reparto de los fondos de la UE para hacer frente a la recesión.
Cuando a final de año queda dinero sin gastar en el presupuesto comunitario, estos países se reparten las sobras y recuperan parte de su aportación. En estos momentos de gasto público, déficit y deuda desbocados para hacer frente a la crisis, Alemania intenta garantizar que a finales de año seguirán quedando flecos en el presupuesto comunitario que volverán a sus arcas públicas nacionales y las parchearán.
Las ayudas a España
El Ejecutivo comunitario se disponía a adoptar hoy una propuesta legislativa para acelerar el reparto de los 19.000 millones de euros que tiene previsto movilizar entre 2009 y 2010 el Fondo Social Europeo. Fondo cuyo objetivo principal es contribuir a programas de formación de trabajadores activos y parados. De esos 19.000 millones, alrededor de 2.300 millones corresponderían a España.
También preveía presentar una propuesta para simplificar los requisitos para solicitar ayudas de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, instrumentos que España ha utilizado con muchísima frecuencia para desplegar autovías y líneas ferroviarias. Esta propuesta no era tan ambiciosa como España deseaba, pero sería útil para que el Estado recupere el retraso que acumula en la gestión de estos fondos.
España debería recibir 6.300 millones de euros de estos fondos. Estas ayudas corresponden al año 2007. El Estado y las Autonomías deben utilizar estas ayudas antes del 31 e diciembre de este año, fecha en la que caducan y si no son utilizadas se pierden.
El problema es que han transcurrido dos años y medio desde que estos fondos fueron adjudicados a España, pero las administraciones nacionales y autonómicas españolas (sobre todo las autonómicas) todavía no han puesto en marcha los mecanismos de gestión, control y lucha contra el fraude necesarios para que Bruselas entregue las ayudas.
Bruselas ha adelantado 2.600 millones a España, pero mantiene congelados otros 3.700 que no desbloqueará hasta que los sistemas anti fraude estén en marcha. El Ejecutivo comunitario cree que estos trámites burocráticos podrían quedar zanjados en octubre y España comenzará a recibir fondos entonces.
Pero el retraso acumulado y la presión de la crisis sobre los presupuestos públicos puede provocar que España no pueda apurar hasta el último euro. Según los cálculos de Bruselas. España podría perder el derecho a utilizar incluso 1.000 millones de euros del maná comuntiario.
Bruselas niega a España un año extra para usar fondos
