Al final Zapatero resolvió el Sudoku. Y lo resolvió como él suele hacerlo, tirando de gasto y sin importarle lo que ocurre con el déficit y la deuda. A él lo mismo le dan nueve que once con tal de asegurarse los votos que precisa en el Parlamento y en la calle, aunque luego no sepa como va a pagarlo. ¿O sí?. El PP baraja la abstención para no perder su porción de la tarta autonómica.
Probablemente lo tiene muy claro, porque él no lo va a pagar, lo terminaremos pagando todos a través de nuevas subidas de impuestos, tanto a nivel estatal como autonómico.
La retirada de la proposición pactada con Izquierda Unida y ERC en el Congreso para subir el IRPF y modificar la deducción de 400 euros y el cheque-bebé, ya advirtieron desde Hacienda que sólo fue un aplazamiento. Y, si leemos el documento del nuevo modelo de financiación presentado el domingo por la ministra Elena Salgado, observamos que incluye, como novedad, una fórmula que incentiva a las comunidades que aumenten su recaudación fiscal.
Ése y no otro es el objetivo del llamado Fondo de Competitividad que tras tan aparente nombre, lo que hace en realidad es disuadir a aquellos gobiernos autonómicos que, como el de Esperanza Aguirre, se han caracterizado por la rebaja o desaparición de impuestos.
Y lo hace, además, por la vía drástica ya que el propio texto del nuevo modelo de financiación explicita que sólo podrán acceder a este nuevo fondo las regiones que tengan una financiación per cápita inferior a la media o a su capacidad fiscal. Pues eso, blanco y en botella.
¿Quién se beneficia?
Pero, además, la resolución gubernamental del Sudoku , esconde también una trampa con la que intenta contentar a todos para conseguir que ganen los que él quiere. Y esa trampa esta en la progresividad del sistema en un modelo que se actualiza cada año. Porque si ampliando la oferta de 9.000 millones iniciales en 2.000 millones más el Ejecutivo puede "vender", y probablemente será cierto con matices, que ganan todos.
Lo cierto es que esta ganancia general sólo se circunscribe al primer año, mientras que en los siguientes hasta 2012, el reparto en función de los criterios establecidos, beneficia especialmente a aquellas comunidades con mayor crecimiento de población, al ser esta la única variable con variaciones significativas.
Es decir que Cataluña, Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana; mientras que otras como Asturias, La Rioja o Castilla y León podrían llegar al esperpento de verse obligadas a devolver fondos. Es difícil, sí, pero puede ocurrir. Claro que éstas son las consecuencias de buscar en el modelo no el beneficio general si no una estabilidad parlamentaria que sólo los diez diputados de CiU hoy le podrían dar. O no.
