Bilbao
El debate por el salario mínimo de convenio en el País Vasco no ha hecho más que comenzar. El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, acaba de presentar el informe realizado encargado por el Gobierno vasco a una empresa externa con el objetivo de dotar a la negociación colectiva de "una referencia rigurosa y fundamentada" que "ayude a mejorar los niveles salariales" y a "reducir las desigualdades laborales". En él se establece un incremento de entre el 7 y el 17% con respecto al SMI nacional, ya que se plantea el cobro de entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas. Consciente de las diferencias entre sindicatos y empresas, Torres ha expresado su deseo de que este informe sirva "de punto de partida para futuros acuerdos interprofesionales" si los agentes sociales así lo consideran.
No obstante, salga adelante o no esta propuesta, lo cierto es que el debate ya está sobre la mesa, a pesar de que el pasado mes de febrero, la patronal vasca se negase a participar en la mesa de negociación convocada por los cuatro principales sindicatos en Euskadi: ELA, LAB, CCOO y UGT. Esta semana, momentos antes de celebrar su Consejo General, su presidenta, Tamara Yagüe, respondía ante los medios sobre esta polémica, pero lo hacía de forma tangencial. "En el País Vasco tenemos los salarios más altos de España y, de los 660.000 asalariados sujetos a convenio firmado por sus organizaciones territoriales, ese salario mínimo de convenio afectaría a 23.000 personas", por lo que, en su opinión, "no es un tema prioritario".
Desde ELA y LAB, por su parte, coinciden en señalar que es "positivo" que el departamento dirigido por el PSE-EE "plantee la necesidad de un salario mínimo propio, pero su propuesta no vale para sacar de la pobreza a los sectores más desfavorecidos de la Comunidad Autónoma Vasca". Ambos sindicatos califican como "marginales" los efectos de esa propuesta a nivel práctico, pues según sus estimaciones únicamente beneficiarían a un grupo de 10.000 trabajadores. Por eso, solicitan al Gobierno vasco que incremente dicha cuantía hasta los 1.500 euros.
Los sindicatos ELA y LAB solicitan un SMI de 1.500 euros por el mayor coste de vida en Euskadi
Yagüe, en cambio, considera que "no tiene sentido debatir sobre cifras" si no se habla primero de "cómo mejorar la competitividad empresarial", ya que, en su opinión, deben estar ligados, y ha subrayado que la patronal sólo está dispuesta a hablar de un salario mínimo de convenio en Euskadi si se hace en el marco de un foro tripartito como es la mesa de diálogo social, donde, además de los agentes sociales, está el Gobierno vasco, y si en ella también se debate en torno a "otros factores que favorecen la competitividad y la sostenibilidad empresarial", como por ejemplo la reducción del absentismo laboral, un problema en el que, tal y como ha recordado, el territorio vasco se sitúa a la cabeza de España, o la flexibilidad organizativa.
Mayor coste de la vida
Los sindicatos, por su parte, han criticado que la propuesta de salario mínimo realizada por el Gobierno vasco "plantea el tramo salarial más bajo que recomiendan la Carta Social Europea o las directivas de la UE", mientras que "si hubiesen optado por el tramo más alto, el salario mínimo recogido en la propuesta debería ser entre 250 y 350 euros más alto", por lo que reclaman un salario mínimo vasco de 1.500 euros.
Además, teniendo en cuenta que tal y como revela el estudio del Gobierno vasco, el coste de la vida en Euskadi se sitúa entre un 7 y un 11% por encima del resto de España, Oihana Lopetegi, responsable de acción sindical y negociación colectiva de LAB, ha afirmado que en el País Vasco "se necesita un salario más alto para tener una vida digna". En ese sentido, Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva del sindicato ELA, ha recordado que, según un estudio realizado en 2022 por el propio Gobierno vasco, "el bienestar de los ciudadanos empieza a deteriorarse cuando los ingresos mensuales bajan de los 1.418 euros".
"Desde entonces el Gobierno vasco ha dejado de publicar dicho estudio, pero cualquier propuesta de la Administración debe garantizar un mínimo de bienestar", ha advertido. Para conseguirlo, siguen adelante con su campaña de recogida de firmas con la que esperan lograr 100.000 apoyos que les permitan iniciar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover un debate social en torno a la necesidad de establecer un salario mínimo propio en el territorio.
48.000 trabajadores sin convenio
Los sindicatos ELA y LAB han criticado que el Gobierno vasco se haya "limitado" a trabajar sobre la referencia de los convenios que se firman en Euskadi, "cuando las personas con salarios más bajos son los 188.000 trabajadores a los que se aplican convenios estatales y los 48.000 sin convenio de aplicación, en su mayoría mujeres, migrantes, jóvenes o personas con diversidad funcional". En su opinión, el salario mínimo debe beneficiar especialmente a estos trabajadores, ya sea "mediante un acuerdo interprofesional suscrito con la patronal o ya sea por vía legislativa, una vez conseguida la transferencia de la competencia".