El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha criticado en un comunicado remitido a las agencias de información el auto judicial de su imputación que, afirma, carece de "ningún elemento probatorio". También considera "anómalo" que la investigación judicial con sumario secreto haya durado siete años, tras "esperar" a su salida del Ministerio en 2018 para iniciarla, y que salga ahora "coincidiendo con el actual contexto de verdaderos escándalos del Gobierno de España".
Este miércoles se conoció la su imputación como investigado por la creación de una "red de influencias" para favorecer con modificaciones legislativas a empresas fabricantes de gases a cambio de "importantes pagos" a la sociedad Equipo Económico, de la que fue socio fundador y presidente y con la que asegura que no tiene ninguna relación desde 2008.
En su comunicado, Montoro, que fue ministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, afirma que desde el primer día en ese cargo fue "objeto de sucesivas campañas de insidias en prensa y preguntas e interpelaciones parlamentarias" con esa sociedad. Y añade: "En el día de ayer se ha levantado el secreto de sumario con el auto que me señala como investigado, todo ello coincidiendo con el actual contexto de verdaderos escándalos del Gobierno de España".
Sobre su inclusión como investigado, Montoro sostiene que "se realiza sin ningún elemento probatorio y sin otra motivación, a la postre, que haber ocupado el cargo de ministro". El exministro concluye mostrando su confianza en las instituciones del Estado de derecho y anunciando que hará uso de los mecanismos legales para "defender su honor, ejercitando todos los recursos y acciones judiciales a tal fin".
Este comunicado se ha transmitido después de que Montoro comunicara al PP su decisión de darse de baja del partido. La decisión del exministro de abandonar la formación paso se produce un día después de su imputación por presuntos favores a empresas gasistas.
En concreto, este miércoles un juez de Tarragona imputó al exministro de Hacienda por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes de un despacho de abogados, llamado Equipo Económico, que había fundado el ministro antes de entrar al Gobierno