Bruselas
La UE está a punto de sumergirse en una de las negociaciones más duras de la legislatura, la del próximo presupuesto comunitario de 2028 a 2034. Una conversación cuyo punto de salida abarca cambios tanto en su dinámica como composición para hacer un hueco a la nueva partida para Defensa. Lo polémico de la propuesta llega, no obstante, por la parte de agricultura. La Comisión Europea pretende reducir a un fondo único la Política Agrícola Común (PAC), una decisión que no acaba de seducir al sector.
El Ejecutivo comunitario presenta este miércoles la propuesta del próximo marco financiero plurianual. El borrador, al que ha tenido acceso elEconomista.es, muestra que la intención de Bruselas es liminar los dos pilares que, hasta la fecha, componían los fondos agrícolas: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), compuesto por ayudas directas, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En su lugar, lo sustituye por un fondo unificado de cooperación nacional y regional. Un formato que mantiene las ayudas directas, pero elimina la pata de desarrollo rural.
El sector agrícola lleva meses en vilo ante la propuesta del próximo presupuesto comunitario. Uno de los grandes desafíos radicaba en el hecho de que incluir una nueva partida para defensa recortaría los recursos comunitarios dedicados a la PAC. La PAC moviliza actualmente 386.000 millones de euros, y la gran amenaza estriba en un recorte del 20% de los recursos, lo que implica que el capital detraído en beneficio del mayor desembolso militar ascendería a más de 77.000 millones.
Bruselas tiene un reto por delante, y es que la necesidad de incluir una nueva partida de Defensa en el presupuesto comunitario obliga a elevar financiación prevista de 2028 a 2034. Las capitales más frugales son reacias a destinar más financiación a las arcas comunitarias, por ese motivo, la Comisión Europea plantea una fórmula para impulsar la partida de recursos propios. Propone crear un impuesto para las empresas que facturen más de 50 millones de euros anuales. Se denominaría Recurso Corporativo para Europa y su contribución será proporcional al volumen de ingresos de la firma.
La simplificación en un solo fondo de las partidas agrícolas llevaba sobrevolando los pasillos de Bruselas varias semanas, pese a las quejas del sector. La intención última es, en parte, reducir la burocracia y las barreras administrativas, como parte de los esfuerzos de Bruselas de simplificar la normativa comunitaria. De esta forma, se fusionan tipos de intervención como los ecoesquemas y las medidas agroambientales y climáticas.
A falta de conocer las cifras definitivas esbozadas por Bruselas, lo que sí desvela el borrador es que una parte del fondo agrícola debe destinarse a la renta de los agricultores, sin indicar porcentajes concretos. Esta obligatoriedad implica que tal partida no puede dirigirse a otras prioridades políticas, lo que, en cierto modo, garantiza el apoyo a los agricultores. El texto también refleja como una partida de reserva se restringirá a situaciones de crisis. Aunque no se ha concretado su dotación económica, contará con aportaciones de otros programas como Horizonte Europa.
El relevo generacional en el sector es uno de los puntos clave de la nueva propuesta. Establece que cada país debe desarrollar su estrategia atendiendo a las características agrarias, sociales y económicas de cada región. Por otro lado, también se pondrá a disposición un paquete para jóvenes agricultores con incentivos económicos, acceso a tierras, servicios de asesoramiento, condiciones favorables de instalación o acceso al capital.
Si en la nueva estructura de fondos el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, se aleja de lo prometido, no es así en el caso de la distribución más equitativa de fondos. La llamada degresividad, establece que "los países pueden reducir el importe anual de la ayuda a la renta por superficie superior a 20.000 euros que se conceda a un agricultor en un 25% cuando el importe de la ayuda a la renta por superficie concedida a un agricultor se sitúe entre 20.000 y 50.000 euros", según el borrador.
Además, limita los pagos por superficie a 100.000 euros anuales a los grandes terratenientes y refuerza el principio de agricultor activo, es decir, que se conceden ayudas solo a aquellos que produzcan bienes agrícolas. En la práctica, esto se traduce en que cuanto mayor sea el número de tierras cultivadas, menos dinero de la UE se recibirá por hectárea. El texto establece, por otro lado, que, a partir de 2032, aquellos que perciban la pensión por jubilación no podrán recibir ayudas de la PAC.