Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares y la Región de Murcia comenzaron el año 2025 en situación de prórroga presupuestaria a pesar de que todas ellas, a excepción de Cataluña, contaron con ley de presupuestos propia para 2024.
Así se desprende de la valoración preliminar del Informe de las Comunidades Autónomas 2024, que destaca que al término de 2024, los gobiernos de Aragón, Cataluña, Castilla y León, Comunitat Valenciana y Murcia no presentaron el proyecto de ley al parlamento, si bien en 2025 sí se aprobaron en Illes Balears, Murcia y en la Comunitat Valenciana tras acuerdos entre PP y Vox.
El documento explica este fenómeno por la dificultad de los ejecutivos autonómicos para llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, especialmente tras la decisión de Vox de salir de todos los gobiernos regionales en julio de 2024 después de que el PP aceptara el cupo de menores migrantes no acompañados negociado con el Gobierno central.
El asunto de la migración volvió a precipitar, a finales de 2024, que Vox ordenara romper las negociaciones con el PP para aprobar los presupuestos en diferentes autonomías.
En el caso de Cataluña, el rechazo de los Comuns a la construcción del complejo turístico Hard Rock provocó que el PSC no pudiera sacar adelante los presupuestos en 2024 con el apoyo de ERC, lo que dejó a la región en situación de prórroga presupuestaria por tercer año consecutivo.
Los efectos de la prórroga serán "más intensos y negativos"
En este contexto, el informe incide en los efectos de la prórroga "resultarán más intensos y negativos", especialmente en lo referente a las nuevas inversiones, a pesar de las actuaciones concretas que puedan llevarse a cabo vía modificaciones presupuestarias o nuevas previsiones de gasto durante 2025.
"La previsión de obligaciones constitucionales, como es la de la presentación anual del presupuesto, choca con la imposibilidad de su ejecución forzosa, pero la inexistencia de esa posibilidad o de una sanción no hace desaparecer la obligación ni su incumplimiento", advierte el informe.
El texto recuerda que la "reiterada" falta de presupuestos en el ámbito local dio lugar en los años 90 a la reforma del procedimiento de aprobación presupuestaria de las entidades locales, que sigue vigente a día de hoy y que permite la aprobación del proyecto de presupuestos a falta de mayoría suficiente y tras constatar que "no existe alternativa de gobierno viable".
Pero descarta su aplicación en las regiones o en el Estado porque "chocaría con la alternativa de la facultad de disolución anticipada, es decir, de la potestad de los presidentes autonómicos de disolver las cortes y convocar elecciones, además de con la "propia tradición constitucional".
En cuanto a la ejecución presupuestaria, el informe ve una "progresiva aceptación resignada" de la realidad frente a las previsiones iniciales, así como una "cierta futilidad" de las negociaciones: "Su eficacia en al realidad del gasto y la inversión es muy inferior a la de la rentabilidad política de la publicidad sobre los acuerdos alcanzados", afirma.
Es "improbable" la reforma de la financiación autonómica
Otra de las conclusiones de los académicos es que el clima de tensión política entre el Gobierno central, la oposición y los ejecutivos regionales hace "muy improbable" la reforma del sistema de financiación autonómica, encallada desde hace más de nueve años.
"Cualquier prioridad en la gobernación se pospone a la lucha por alcanzar la mayoría en las siguientes elecciones generales y lleva a frustrar cualquier acuerdo que pueda presentarse como un éxito del contrario", expone el documento, que critica esta "dinámica absurda" que se extiende "desde el menor de los órganos de colaboración" hasta el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes.