Bruselas
Bruselas ha hecho público este martes su informe anual sobre la situación del Estado de derecho en los Estados miembro. Un análisis en el que advierte al Gobierno del riesgo de corrupción en las contrataciones públicas y que le da un tirón de orejas por no mitigar el alto riesgo de corrupción vinculado a la financiación de los partidos políticos. Todo ello en un momento en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está sumergido una vorágine judicial por las adjudicaciones fraudulentas del 'caso Koldo'.
"La contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos son sectores clave con alto riesgo de corrupción", incide la Comisión Europea en su evaluación sobre el Estado de Derecho en España.
Además, subraya que "la financiación de los partidos políticos sigue siendo un área de alto riesgo, y no se han tomado medidas para reformar la legislación electoral en de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas".
Hasta un 40% de las empresas en España, frente al 25% de la media de la UE, piensan que la corrupción les ha impedido ganar una licitación pública o una contratación pública en la práctica en los últimos tres años", sugiere el informe remitiéndose a los datos del Eurobarómetro empresarial.
Una cifra que duplica la tasa del año pasado y en la que se alude principalmente a "irregularidades en la adjudicación del contrato, seguidas de supuestas prácticas corruptas, quejas relacionadas con la ejecución del contrato y, por último, cuestiones relativas al uso de la subcontratación".
Como parte de sus observaciones, el Ejecutivo comunitario recomienda a España "redoblar los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y enjuiciamientos para aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel, incluido finalizando la reforma del Código de Procedimiento Penal".
La percepción entre expertos, ciudadanos y empresas es que el nivel de corrupción en el sector público es relativamente alto, señala Bruselas en su informe, que apunta también que "no se han dado nuevos pasos para mejorar las normas sobre conflictos de interés de los empleados públicos, a pesar de los trabajos en marcha desde 2021".
Bruselas menciona la ley de Amnistía pero no entra en profundidad. La Comisión Europea señala que el Tribunal Constitucional español ha declarado que es "compatible con la Constitución" y pone en evidencia que se han presentado cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La reforma del Consejo General del Poder Judicial vuelve a salir como otro de los puntos del análisis del Estado de derecho. La Comisión Europea insta al Gobierno a completar la reforma con el sistema de elección de los vocales de tal manera que cumplan con la normativa comunitaria.