Bruselas
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción este miércoles a España por no aplicar la normativa comunitaria de fiscalidad a los extranjeros con vivienda habitual en el país. Bruselas señala que se produce una discriminación en materia fiscal al requerirles el pago del 2% del valor catastral del inmueble, a diferencia de los ciudadanos nacionales.
Concretamente, el Ejecutivo comunitario he remitido a España una carta de emplazamiento al considerar que la normativa que aplica a la tributación de los extranjeros no residentes con vivienda habitual en España no se ajusta al marco comunitario, que fija la libre circulación de trabajadores y la libre circulación de capitales.
Bruselas señala que los contribuyentes residentes no deben pagar un impuesto sobre la renta (IRPF) por sus viviendas que son residencia habitual. Por contra, los extranjeros, es decir, los contribuyentes no residentes, deben pagar un impuesto del 2% del valor catastral de los inmuebles utilizados como vivienda habitual en su tributación del IRPF.
La carta de emplazamiento es el primer paso del procedimiento de infracción. Ahora España cuenta con dos meses para responder a la Comisión Europea y subsanar las deficiencias. De no hacerlo, Bruselas podría remitir un dictamen motivado y, en última instancia en la que no se haya subsanado el problema, llevar el caso ante la Justicia europea.
Ante la Justicia europea por las condiciones laborales
Por otro lado, como parte del paquete de procedimientos de infracción del mes de junio, Bruselas ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar las normas de transparencia en las condiciones laborales. Se trata del tercer y último paso del procedimiento de infracción.
La Comisión Europea señala que la normativa comunitaria exige, por ejemplo, que los trabajadores reciban información completa y esencial sobre las condiciones laborales, como horarios de la jornada laboral y remuneración. Según Bruselas, España no aplica estas normas.
Fue en septiembre de 2022 cuando la Comisión Europea abrió contra España este procedimiento de infracción para, en junio de 2023, avanzar al segundo paso del procedimiento de infracción, con un dictamen motivado.
En febrero de 2025 España informó al Ejecutivo comunitario que había aplicado a la legislación nacional algunas de las normas de la directiva comunitaria, pero no en su conjunto. Dado que Bruselas considera insuficientes los esfuerzos del Gobierno en este aspecto, ha decidido llevar a España ante la Justicia europea, que podría imponer sanciones.