Barcelona
Xavier Panés (Terrassa, 1964) preside desde 2022 la influyente patronal vallesana Cecot. Desde hace pocos días, también ocupa una de las vicepresidencias en la nueva ejecutiva de Cepyme, en representación de Foment del Treball. En esta entrevista con elEconomista.es, el empresario del sector metalúrgico habla sin ambages sobre la propuesta de reducción de jornada y reconoce avances del nuevo gobierno catalán... excepto en fiscalidad.
¿Qué aportarán desde Cecot a Cepyme?
La gran ventaja de que nos hayan dado esta vicepresidencia es para Foment, que es quien tiene la vicepresidencia. Nuestra idea es transmitir a Cepyme, que es quien tiene más contacto directo en Madrid, la situación de las pequeñas y medianas empresas catalanas y que todo el tejido territorial catalán se vea representado.
También preside el Consell Territorial de la Pime de Foment. ¿Qué balance hace de esta entidad creada en 2023?
Positivo. Hacía falta que nosotros mismos nos creyéramos que somos pymes y que tenemos unos problemas y situaciones diferentes. Las 22 organizaciones territoriales del Consell no dejan de estar representadas, básicamente, por pequeña y mediana empresa. Hay la visión de que Foment, igual que CEOE en Madrid, solo representa a la gran empresa. Y no es verdad. De hecho, Foment tiene la representatividad que tiene gracias a que representa a muchas pequeñas y medianas empresas. Si no fuera por estas, Foment sería un lobi de 20 o 30 empresas. Y no lo es. Lo debemos poner en valor.
Desde que lidera Cecot, ha trabajado para prestigiar la figura del empresario. ¿En Cataluña cunde una visión negativa?
Hay una visión negativa de quien tiene una visión negativa de los empresarios. Esta no la cambiaremos. Pero intentamos cambiar la opinión del resto de la gente. En el caso de la pequeña empresa, hay mucha coincidencia entre empresa y empresario. Quien tiene una panadería o una peluquería también es empresario y debe ser consciente de su papel, de que no es algo negativo. La empresa no es solo el empresario, sino sus directivos y sus trabajadores. Y en una pequeña empresa todos desayunan juntos en el bar del polígono.
Habla de la visión que tienen los propios empresarios. ¿Y los poderes públicos?
Esto va por barrios.
En Cataluña ha habido cambio de gobierno. ¿Nota que sea más receptivo a la empresa?
Yo creo que sí. Hay una cuestión ideológica ligada a la visión que se pueda tener. Determinadas ideologías ven al empresario de una manera y otras la ven de otra forma. Pero diría que, en general, el político catalán es bastante consciente de la relevancia que tiene la empresa. La cuestión es que luego hagan políticas que beneficien o no beneficien a la actividad económica.
Hablemos de una de estas políticas: la reducción de la jornada laboral aprobada vía proyecto de ley por el Gobierno. ¿Qué sucederá?
No sé lo que sucederá, pero estamos luchando para que esta medida no tire adelante. Solo hay un lugar donde discutir sobre las 37,5 horas: las mesas de negociación colectiva. Esta es la postura que se intenta romper por parte del gobierno español. Pero es que esto no lo podemos hablar gobierno y empresarios para que se incluya en un proyecto de ley. Hace más de 40 años que las empresas y los trabajadores se encuentran y hablan de sus convenios colectivos y se ponen de acuerdo. Y hablan los diferentes territorios, porque hay que tener en cuenta que el mismo sector no es igual en Cataluña que en Asturias. Llevamos más de 40 años con trabajadores y empresas poniéndose de acuerdo. ¿Por qué te lo cargas? No tiene sentido. Me preguntabas qué sucederá. Ahora esto se ha llevado a un ámbito en que nos vemos obligados a apretar a determinados grupos políticos.
Sobre todo a Junts. Este partido ha asegurado que presentará una enmienda a la totalidad. ¿Confía en ello?
Lo que sucede es que aquí se juegan varios juegos a la vez. Uno es el de la empresa, la productividad, el absentismo... lo que afecta a la vida de la gente, a lo que ganarán y las horas que dedicarán. Nosotros hablamos de esto. De lo que no estamos hablando es de si esto políticamente beneficia a unos o a otros. Lo consideraría un gran error.
Si las 37,5 horas volvieran al diálogo social, ¿qué decisión se tomaría en la mayoría de sectores?
Si mejoras la productividad, podrás rebajar las horas. La ministra Yolanda Díaz empieza esta frase al revés. La empresa no tiene ningún interés especial en que se trabajen más horas, sino en tener una buena productividad. No es algo de los empresarios: los trabajadores son los primeros que ven fantástico aumentar la productividad y trabajar menos. Pero los tornillos que se ponen deben ser los mismos, no puede ser que se pongan menos.
Los sindicatos denuncian que hay convenios en ultraactividad porque a los empresarios no les interesa actualizarlos hasta que se resuelva la reducción de jornada.
En este momento la mayoría de convenios están parados, pero por parte de ambos. Básicamente, un convenio colectivo discute sobre el precio-hora. Se discute lo que cobrarás y las horas que trabajarás. Si se modifica por ley una de estas cosas, la capacidad de negociación de unos y otros queda muy mermada. Es lógico que todas las negociaciones de convenios se tranquilicen hasta que se aclare este asunto.
Este año debe renovarse el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI).
En Cecot, que somos una patronal ligada a la industria, siempre hemos reivindicado este sector. Si tienes industria también tienes al gestor que te lleva la contabilidad, al técnico que te hace una valoración... todos los servicios a su alrededor. Además, queda evidenciado por los convenios que la industria tiene sueldos más altos y necesita a gente más formada. Esto implica que el nivel de vida de los sitios donde la industria es más fuerte es más alto. Sin duda es importante que haya un Pacte Nacional per a la Indústria que se adapte a la situación que tenemos ahora.
Y sobre la simplificación administrativa, ¿hay avances?
Debemos ser conscientes de lo que estamos planteando. Se trata de cambiar una maquinaria brutal que lleva años funcionando. Aparte de las implicaciones legislativas, porque luego te encuentras una ley a nivel español que te impide hacer ciertas cosas o una ley que es contradictoria con otra que ha aparecido... No es nada fácil. Pero estamos satisfechos porque hasta ahora no se había avanzado, no se daban pasos concretos. Hace diez años, mis antecesores ya le presentaron el Fòrum d'Entitats per la Reforma de l'Administració (FERA) al presidente Mas. Lo más importante es que ahora, por fin, todos estamos de acuerdo.
El Govern se empeña en no bajar impuestos. Es una de las críticas más repetidas de los empresarios.
Tenemos un Govern claramente socialdemócrata, apoyado por izquierdas duras. Y harán una determinada política. Nosotros como patronal no somos nadie para oponernos y debemos tener buena relación con todos los partidos políticos para influir en ellos, quejarnos y aplaudirlos, si hace falta. Pero las empresas con las que hablamos nos trasladan que se sienten castigadas con una cantidad de impuestos exagerada comparado con otras comunidades autónomos. Además, nos hace ser menos competitivos, porque si pagas más impuestos significa que tienes menos dinero para invertir, para mejorar la productividad de la propia empresa.
Ahora le traslado lo que argumenta la consellera Alícia Romero: la presión fiscal en Cataluña está por debajo de la media europea. ¿Qué replicaría?
A mí también me lo ha dicho. Pero la consellera no podrá negar que el PIB per cápita en España y en Cataluña va a la baja. La realidad es que en Cataluña una empresa paga más impuestos que en Cádiz, Zaragoza, Valencia o Madrid. A nivel estatal, reclamamos que se realice una deflactación del IRPF, que debería hacerse de forma regular y no solo cuando hay inflación. Volviendo a Cataluña, se han ido creaNdo impuestos a las bebidas azucaradas, los activos no productivos... que no suponen un gran ingreso para las arcas públicas pero que generan un dolor de cabeza notable para la empresa. Por tanto, si no te han de dar mucho dinero, ¿por qué complicar las cosas? Hay más temas ligados a la fiscalidad. A los partidos políticos les hemos preguntado por qué el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) grava a partir de un millón de euros. Nosotros proponemos que este umbral se suba y que, además, sea desgravable del Impuesto de Sociedades. Junts nos lo ha recogido y espero que el resto de grupos lo vea bien. Esto no va en contra de nadie.