El retraso en los pagos de las Administraciones, el fenómeno conocido popularmente como las facturas ocultas en los cajones, resurge en España. El registro más exhaustivo y actualizado de estas obligaciones contraídas y no subsanadas –elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda– muestra cómo iniciaron el año 2024 con un montante acumulado de más de 6.000 millones de euros. Esa cifra implica un incremento del 45% con respecto al año 2019, cuando sumaban 4.237 millones de euros adeudados a empresas, pero también a ciudadanos en concepto de bonificaciones o actualización de prestaciones.
El año escogido para la comparativa en la estadística del IGAE dista de ser casual, dado que marca el nivel considerado normal en la economía española, previo al Covid y al resto de las crisis que se han sucedido tras la pandemia. Además, coincide con el inicio de las legislaturas presididas por Pedro Sánchez, un periodo en el que el retraso de pagos por parte de la Administración está alcanzado cotas inéditas en el desarrollo de esta estadística.
El mejor ejemplo lo muestra el ejercicio correspondiente a 2022, cuando el monto de desembolsos demorados se encaramó por encima de los 7.000 millones, y sus niveles actuales –aunque relativamente menores- siguen notablemente cercanos a dicho máximo.
La exhaustividad del recuento proviene del hecho de que está contenido en una rúbrica elaborada ex profeso para que las facturas en el cajón no volvieran a quedar soterradas. Se trata de la llamada Cuenta 413 en la que se identifican las deudas en vigor de la Administración con los "acreedores por operaciones ya devengadas". En términos más sencillos, este capítulo computa los gastos que no se imputaron a los Presupuestos del año en curso y quedan pendientes para recogerse en las Cuentas del siguiente ejercicio.
Las normas de la contabilidad pública son estrictas en este sentido: "Toda rúbrica que no está expresamente imputada de ese modo está pendiente de pago", explica a elEconomista.es un destacado experto en política presupuestaria. La historia de la Cuenta 413 es corta, ya que no se remonta más allá de los comienzos de la década pasada, cuando el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se vio abocado a la creación de un instrumento fiable para la UE que siguiera el rastro de este tipo de partidas.
Escándalo en Bruselas
En esa época, aún se oían los ecos del escándalo que provocó en Bruselas el hecho de que el déficit público real español superaba con creces el 7% del PIB que reconocía el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, si se sumaban las obligaciones de pago que el sector público contrajo con miles de pymes y ciudadanos, sin que se reconocieran oficialmente. Tras las elecciones de 2011, que dieron el triunfo al PP de Mariano Rajoy, fue necesario recurrir a un instrumento contable como la Cuenta 413 para que esta ocultación no volviera a ser posible.
El objetivo se cumplió, dado que la estadística muestra cómo, entre 2013 y 2018 la cuenta de acreedores por operaciones no devengadas se mantuvo en el entorno de los 3.000 millones de euros anuales, la mitad de su volumen actual.
Volviendo al presente, no es sencillo identificar las causas que actúan como motor del aumento de los retrasos, dada la heterogeneidad de los organismos en cuyos escritorios se acumulan las facturas. Varios expertos consultados apuntan incluso la posibilidad de que ministerios y otras instituciones del Estado estén asumiendo pagos futuros que corresponderían a las comunidades autónomas. En otras palabras, una política así equivaldría en la práctica a crear un "FLA encubierto", en tiempos en los que los Gobiernos regionales afrontan tensiones de tesorería, a las que contribuye el hecho de que las entregas a cuenta del Estado a esos Ejecutivos, derivadas del actual –y pendiente de reforma– sistema de financiación suelen sufrir también retrasos.
No obstante, el último informe del IGAE sobre la Cuenta 413 ofrece algunas claves, al destacar, por ejemplo, la gran acumulación, en 2023, de pagos retrasados por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La Intervención destaca que, en el caso de este departamento, hay importantes pagos de carácter habitual pendientes.
En concreto, "dentro de las transferencias tanto corrientes como de capital destacan las que se realizan a entidades como Correos y Renfe; las compensaciones que tiene que hacer el Estado derivadas de rebajas o supresiones de peajes, las subvenciones a familias por las bonificaciones al tráfico aéreo y marítimo de residentes no peninsulares entre la península y las islas, así como las derivadas de subsidiación de intereses de préstamos para la adquisición de viviendas".
También se registran en la cuenta 413 "gastos relacionados con concesionarias de autopistas nacionales de peaje. En este caso las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto tienen su origen en la aplicación de disposiciones por las que el Estado debe compensar a las concesionarias". El documento de la Intervención también reconoce que se contempla la posibilidad de desembolsos que se demoren más de un año.
