
El Gobierno de Aragón va a reclamar al Estado el abono íntegro de las entregas a cuenta de 2025 que, además, a su juicio deberían actualizarse de forma automática cada año con el fin de no perder ingresos.
El Consejo de Gobierno ha dado vía libre a esta reclamación para que, en primer lugar, el Ejecutivo aragonés formule un requerimiento al Ministerio de Hacienda como paso previo a un contencioso-administrativo ante la Administración General del Estado que se formulará desde el Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón.
Con esta vía, se quiere exigir al Ministerio de Hacienda que cumpla con las previsiones de financiación comunicadas en julio de 2024, además de denunciar la merma injustificada de ingresos que se está produciendo y que afecta a los servicios públicos de la comunidad aragonesa.
De acuerdo con los datos aportados por el Gobierno de Aragón, la comunidad debería percibir 412 millones de euros mensuales en 2025, según la comunicación Ministerio de Hacienda del 29 de julio de 2024. Sin embargo, es una cantidad que no se está recibiendo.
Actualmente, la comunidad percibe 350 millones de euros, lo que supone un 15% menos de los recursos que le corresponderían. Es decir, que la comunidad recibe cada mes alrededor de 50 millones de euros menos, lo que supone una merma de ingresos de alrededor de 700 millones en el año, según los cálculos aportados por el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha incidido en que esta situación supone "detraer ingresos de caja para pagos".
El pasado mes de enero de 2025, la comunidad recibió 378,64 millones de euros, mientras que, en los meses de febrero a mayo, la cifra mensual bajó hasta los 350,67 millones de euros. Esta reducción implica una merma mensual de hasta 61,5 millones de euros, respecto a lo previsto.
Es una cifra sobre la que el Gobierno de Aragón argumenta que se ha reducido "sin justificación formal en los meses posteriores". De hecho, aseguran que no haber recibido ninguna comunicación formal, previa o posterior, que justifique los motivos de ese menor importe. Tampoco se ha dado una explicación sobre cómo se determina ni a qué previsiones de recaudación se corresponde.
Desde el Gobierno de Aragón se alega que esta situación vulnera el principio de suficiencia financiera, recogido tanto en la Constitución Española como en la Ley 22/2009, además de afectar "gravemente" a la capacidad de Aragón para prestar los servicios públicos esenciales.
Por ello, tanto en el requerimiento como en el posterior contencioso-administrativo, si no se solventa la solución, se va a pedir el abono de las diferencias no percibidas entre los meses de enero y mayo de 2025 en relación con los importes comunicados el pasado julio de 2024.
También se quiere exigir que en los próximos meses se transfiera la cantidad mensual de 412,14 millones de euros, cantidad que fue la comunicada por el Ministerio de Hacienda.